“Este viernes vamos a conocer cuáles son los acuerdos voluntarios a los que llegaron las empresas generadoras y comercializadoras. Será entonces cuando tengamos claridad si las empresas realmente se pusieron la mano en el corazón para ayudar a la ciudadanía en esta crisis de tarifas que sabemos que es nacional, pero que en el Caribe los afecta aún más”. (Lea: Quematón de recibos de luz: conozca el día, la hora y los barrios que participarán)
Esas fueron las palabras de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, al cierre del Frente Amplio para el Análisis de los Problemas de los Servicios Públicos en el Caribe, que se llevó a cabo en Cartagena; sin embargo, las afirmaciones de la funcionaria causaron incertidumbre. (También le puede interesar: ¿Cuánto disminuirá la tarifa de energía en la Costa Caribe?)
“La ministra nos decepcionó. Reconozco que la reunión fue muy importante porque contó con la presencia de líderes sociales y representantes de la Liga de Usuarios del Caribe. Dijo que esa reducción de las tarifas de energía dependía del buen corazón que tuviesen los generadores y los comercializadores para la compra de energía y ahí se la trasladaban al usuario”, dijo William Murra, ingeniero eléctrico.
Y continuó: “Eso no resuelve el problema de la Costa Caribe porque el problema aquí no es el componente de generación. Este componente ha incrementado por los efectos de la ola inflacionaria mundial. El problema de la Costa son las pérdidas no técnicas, que es el robo de la energía y ese componente pesa un 30% en las tarifas”.
Murra aseguró que la ministra de Energía debe “congelar” a la CREG: “Hay gente dentro que trabajó en contra de los costeños. Deben congelar esas funciones con un plazo de 30 días y que se nombre una comisión de expertos para que se establezca una fórmula tarifaria nueva, porque las pérdidas no técnicas es lo mismo que la ineficiencia y eso está prohibido”, agregó Murra.
Reiteró que para resolver las molestias en el aumento de los recibos de energía “es necesario derogar el régimen tarifario especial transitorio para la Costa, contenido en las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 010 de 2020, 078 y 079 de 2021”, a través de las cuales faculta a las empresas Air-e y Afinia para cobrarles a los usuarios las inversiones futuras a cinco años vía tarifa y de forma anticipada.
La ministra de Minas reiteró que esta es una negociación voluntaria y que el resultado de los descuentos dependerá de la renegociación de los contratos. “En este momento estamos en el ámbito de una negociación voluntaria, hemos invitado a las empresas, las hemos convocado y les estamos pidiendo que se tomen esto en serio porque es una crisis ciudadana de verdad”.
La funcionaria aseguró que si de aquí al viernes no hay aporte significativo de las empresas, se tomarán otras decisiones. “Si de aquí al viernes no hay un aporte significativo por parte de las empresas, tendremos que tomar unas medidas más radicales y eso tiene que ser así”, advirtió.
Héctor Pérez, presidente de la Veeduría Popular de Cartagena, pidió claridad sobre las alternativas que se van a implementar: “Seguiremos con acciones judiciales a raíz de que la ministra no da claridad de las decisiones administrativas que se van a tomar”.
Comentarios ()