Mincultura entra al proceso penal contra Aquarela

18 de febrero de 2020 12:00 AM

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El juez Séptimo Penal del Circuito, Domingo García, admitió en primera instancia al Ministerio de Cultura como víctima dentro del proceso penal que adelanta la Fiscalía, en el caso Aquarela, por presunto delito de urbanización ilegal, prevaricato por acción y daño a los recursos naturales, en contra del curador urbano Ronald Llamas Busto; el representante legal de Aquarela, Lucas Tamayo, y el arquitecto, Claudio Restrepo Gutiérrez.

De otra parte, atendiendo al principio de igualdad de armas, el juez decidió que el Distrito, que ostentaba el título de víctima y vocero, pasa a ocupar la figura de suplente, es decir que solo podrá participar del proceso a través del Ministerio de Cultura, y en caso de que uno de los dos intervenga en el proceso, el otro no lo podrá hacer. (Lea aquí: Admiten al Ministerio de Cultura como víctima en caso Aquarela)

¿Por qué la decisión?

Es de resaltar que en mayo de 2019 el togado negó la participación de Mincultura en el proceso penal en curso, sin embargo, en esta ocasión el representante de esta cartera nacional, Nelson Bayen, resaltó que posterior a que fue negada la participación, en junio de 2019, la Unesco le requirió a la Nación cumplir la convención para la protección del patrimonio (en el entendido que este está al parecer en riesgo ya que hay una presunta afectación visual al Castillo) que fue adherida por el Gobierno a través de la Ley 45 de 1983.

Aseguró además que el Castillo San Felipe habría sido declarado Bien de Interés Cultura (BIC) nacional, por lo cual resaltó que existe una situación supranacional y el Estado tiene responsabilidad, por tanto Mincultura debía ser incluido como víctima. (Le puede interesar: Sin fallo, Aquarela cumple 2 años con obras suspendidas)

Así las cosas, el togado esgrimió que la afectación al Castillo San Felipe no es solo de interés del Distrito, sino la Nación y cómo la Nación no está representada por el Distrito internacionalmente, debe ser la Nación la que tome la vocería, destacando que igualmente el Distrito es víctima.

Ahora bien, la decisión fue apelada por la defensa de los implicados, al igual que por la Fiscalía, la Procuraduría y el Distrito de Cartagena, por lo cual será el Tribunal Administrativo Penal del Distrito, el que defina en segunda instancia si mantiene la decisión del juez García o si atiende las consideraciones de algunas de las partes y emite una nueva orden. Mientras esto ocurre el proceso podrá continuar, ya que no hubo restricción alguna.

Lo que piden las partes

Sobre la decisión en primera instancia del juez, por un lado la Fiscalía solicitó al Tribunal modificar el segundo ítem de la orden, asegurando que en este se “degrada” la figura de víctima que ya se le había reconocido al Distrito.

Asimismo, el Ministerio Público manifestó que no es admisible condicionar la participación del Distrito, pues la condición de víctima de este se tiene independientemente que otros, en este caso el Mincultura también la esgrimen, por lo cual consideran que la decisión del juez estaría incurriendo en el desmejoramiento de la condición que inicialmente le fue reconocida al Distrito. (Lea también: Ratifican restitución de espacio público en el proyecto Aquarela)

En pocas palabras, desde esta orilla lo que se pide es que el Distrito mantenga su calidad de víctima, sin limitantes en su participación.

Por otro lado, la defensa de los acusados pide revocar la decisión que admite a Mincultura como víctima, ya que a su parecer este no habría hecho la solicitud como corresponde, entendiendo que para ostentar la calidad de víctima debía presentar pruebas y demostrar un daño concreto y acreditado, y a su consideración esto no se cumplió.

Además explicaron que de acuerdo con lo emanado por el propio Ministerio en agosto de 2017, el Castillo San Felipe es un BIC local. Así las cosas su petición fue excluir al Ministerio como víctima.

“Considero que el Ministerio de Cultura no es víctima dentro de este proceso penal principalmente porque no acreditó, mínimamente, que como consecuencias de los supuestos delitos objeto de juicio, sufrieron un daño o afectación. Más aun cuando para el momento en que se otorgaron las licencias, el proyecto Aquarela se encontraba fuera de la zona de influencia histórica del Castillo San Felipe de Barajas y tampoco se encuentra en la zona de influencia ambiental, de conformidad con los artículos 22 y 25 del Decreto 0977 de 2001 (POT).

El Ministerio de Cultura tendrá todas las herramientas dentro del Derecho Administrativo y Policivo para lograr la solución del conflicto derivado de esta construcción.

Como hemos dicho anteriormente, el proceso penal es el último recurso para la solución de los conflictos por ser el más invasivo, agresivo y entre otras cosas, muchas veces, el menos eficiente”, indicó Enrique del Río González, abogado de Ronald Llamas.

De otra parte, la promotora del proyecto Aquarela manifestó que seguirá demostrando el licenciamiento del proyecto en el marco de las normas urbanísticas vigentes como el Plan de Ordenamiento Territorial, la circular 10 de diciembre de 2013 de Planeación Distrital que libera la zona de Torices para vivienda de interés social sin límite de altura y la notificación del IPCC adscrito a Mincultura, donde hace constar que la manzana 186 del barrio Torices no hace parte de la zona de influencia del Castillo.

Inspección Judicial

Como parte de otro de los procesos en contra del proyecto urbanístico, el Juzgado Décimo Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartagena ordenó una inspección judicial al proyecto Aquarela. (Le recomendamos: Aquarela: el 28 de febrero habrá inspección judicial)

El trámite fue solicitado en el auto de pruebas dentro de la acción popular instaurada por el Ministerio de Cultura en contra de la Alcaldía de Cartagena, la Promotora Calle 47, responsables del proyecto, la Secretaría de Planeación y la Curaduría Urbana Primera, por la presunta afectación al Castillo San Felipe de Barajas.

La inspección, que se practicará el próximo 28 de febrero a las 9 de la mañana, se realizará en el Castillo San Felipe y en el lugar en donde se desarrolla el proyecto urbanístico, con el fin de “establecer la existencia y estado actual de la obra y las incidencias y afectaciones que dicha obra causen sobre el Bien de Interés Cultural (BIC)”.

Otros procesos
Además del proceso penal que adelanta la Fiscalía, el proyecto enfrenta otros tres procesos judiciales: una acción popular instaurada por Mincultura, una acción de nulidad que adelantada la Procuraduría por la presunta ilegalidad de la licencia y un proceso policivo proferido por la Inspección de Policía de la Comuna No. 2 por violar las normas urbanísticas. Dentro de esta acción se ordenó el sellamiento de la obra, la restitución de 619,59 metros cuadrados que son considerados espacio público, y el pago de una multa de $156 millones a los constructores. Es de recordar que el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, aseveró que el futuro de este complejo habitacional es la demolición y que por ende trabajará para que esto se haga, mientras que las 404 familias que permanecen vinculadas al proyecto (inicialmente eran 950), luchan día a día porque los entes de control los tengan en cuenta, con la esperanza de que algún día todo se resuelva y su sueño se vuelva realidad.

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