En abril se cumplirá un año desde que el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que miembros del denominado clan Quiroz son los dueños de otros 20 edificios construidos ilegalmente en Cartagena, que se sumaron a 16 edificaciones que ya estaban identificadas.
En ese entonces, la ciudad se estremeció con la revelación. Mientras tanto las autoridades capturaban a funcionarios presuntamente involucrados en las construcciones ilegales, los propietarios de apartamentos en estos inmuebles se mantenían en silencio, el Distrito planeaba un censo para identificar a las familias que estuvieran perjudicadas por los Quiroz y la Superintendencia de Notariado y Registro anunciaba que cerraría los folios de matrícula de estos apartamentos que están en los edificios irregulares, para así evitar que fueran vendidos o negociados.
Ha pasado un año y aunque el Distrito aseveró que se tomarían las acciones necesarias en el marco de sus funciones para proteger la vida y la integridad de las personas, conservar el orden público, así como ejercer el control urbanístico a través de las medidas administrativas y de policía a que haya lugar, estas misiones no se han realizado con contundencia.
Respecto a esta situación, el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, le contó a El Universal que desde la oficina de Gestión del Riesgo y Desastres hicieron un censo, pero que las familias que habitan estas propiedades no han accedido a empezar otros procesos.
“Estos 20 edificios, como son mucho más antiguos, ya que tienen entre cinco y siete años, la situación es más compleja. Las familias no han querido iniciar ningún tipo de reclamación hasta el momento, así que se visitó cada edificio, les hicimos monitoreo y censos.
“Programamos para iniciar la otra semana nuevamente el monitoreo y verificar las condiciones de las edificaciones”, explicó el mandatario.
Estas propiedades son: Brisas de San Antonio, Brisas de Chipre, Blas de Lezo III, Villa Patri II, Villa Sofi, Villa Sofi 2, Villa Sofi 3, Villa Sofi 4, Villa Sofi 5, Villa Sofi 6, Villa Country, Urbanización Parque Residencial Country, Campestre III, unidades de La Troncal, Villa del Este, unidades de Villa de la Victoria III, Marsella de Chipre, Bella Mary, El Campestre y Villa Natalia II.
En diferentes oportunidades este medio ha intentado contactar a habitantes de varios de los edificios en mención, pero estas personas prefirieron guardar silencio.
Mientras que el monitoreo se planea para estas propiedades, la historia con los otros 16 edificios de los Quiroz es diferente, la Universidad Nacional les aplica unas pruebas de vulnerabilidad y sismorresistencia a estas estructuras.
Hace poco se lanzó una alerta pidiendo la evacuación de todos estos edificios teniendo en cuenta que “a la fecha se ha tenido acceso para ejecución de actividades en dos edificios adicionales, los edificios Tsalach y Villa May. Las patologías encontradas en los primeros 4 edificios también se encuentran en estos dos, debido a malas prácticas de ingeniería, a deficiencias en el diseño estructural y a la mala calidad de los materiales”, y que por lo tanto, “existe una alta probabilidad de colapso tanto ante cargas sísmicas como ante cargas de uso normal de las edificaciones (cargas muertas debidas al peso de los elementos estructurales y no estructurales y cargas vivas de ocupación normal)”, dijo la Universidad Nacional a finales de febrero de este año.
“Es de resaltar que estas patologías se repiten y se encuentran en las 6 edificaciones listadas anteriormente. Por lo cual, es factible que los 9 edificios que no nos han sido entregados y que fueron construidos en el mismo período y por la misma constructora, se encuentren en riesgo de colapso para las cargas de uso actual”, sostiene la misiva enviada por la universidad a la Alcaldía de Cartagena.
Desde la oficina de Gestión del Riesgo también realizan los pagos de susbsidios de arrendamiento para que estas familias evacuen sus apartamentos y se pueda proseguir con los estudios.
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