Agosto del año 2016. Esa fue la fecha que cambió la vida de 59 colombianos residenciados en Venezuela, quienes fueron capturados y señalados de ser paramilitares y conspiradores de un ataque contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Ellos, en su mayoría vendedores informales y albañiles, trabajaban en diferentes puntos de Caracas cuando de manera repentina miembros de la fuerza pública de ese país les solicitaron una requisa. Todo hacía parte de un engaño y terminaron encerrados en un comando policial de esa ciudad capital. Allí permanecieron presos hasta el pasado sábado, cumpliendo una condena de casi tres años “sin haber cometido ningún delito”.
“Fuimos víctimas de un invento del gobierno venezolano, que decía que había capturado a paramilitares a 500 metros del Palacio de Miraflores, todo fue una mentira. A todos nosotros nos solicitaron una revisión de documentos en diferentes horas y partes de Caracas, y luego nos encerraron sin ninguna explicación. Dijeron que era por media hora y terminaron siendo 34 meses, casi tres años, los peores años de nuestras vidas”, contó Germán Espitia Pérez, uno de los 59 colombianos afectados en el operativo.
Para ellos, las esperanzas de liberación eran nulas, hasta que de forma inesperada conocieron que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizaría una visita a Venezuela para reunirse con diferentes sectores políticos e incluso con los familiares de estos colombianos denominados “presos políticos”. Tras esa visita, el gobierno del presidente Maduro les otorgó la libertad y los deportaron.
Desde el sábado pasado están libres y llegaron en diversos grupos a suelo nacional el lunes, martes y miércoles. A Cartagena arribaron 13 nacidos en el territorio bolivarense, más otros oriundos de otros departamentos de la región Caribe. Ayer, cerca de 16 de ellos se fueron hasta la sede de Migración Colombia, en el Pie de La Popa, para pedir ayuda al Gobierno nacional, pues dicen que están arrimados donde familiares y les toca empezar de cero.
“Tenemos familias que mantener, llegamos repatriados y la mayoría pasamos los 30 años. En Venezuela teníamos una vida hecha, estable, aquí estamos con las manos vacías. La mayoría nos dedicamos a oficios varios, no tenemos estudios ni referencias laborales, se nos hará difícil conseguir empleo. Necesitamos que nos den la mano porque estamos en la obligación de ayudar a nuestras familias. El gobierno colombiano dijo que apenas nos dieran la libertad nos iba a ayudar, pero han pasado varios días y no hemos visto nada de esa ayuda”, relató Espitia.
Los afectados expresaron que aunque no era una cárcel, sí estuvieron presos porque esos 34 meses los pasaron en un centro policial sin ningún tipo de libertad. “Eso era un galpón, día y noche encerrados, salíamos al patio en las mañanas para un conteo y de ahí enseguida para adentro como las gallinas. Hubo mucho maltrato psicológico. Allí solo estuvimos los 59 colombianos. Fueron tres años duros, muy duros, muchos mandaron a sus mujeres e hijos para Colombia arrimados a donde otros familiares. Las familias que se quedaron allá lucharon bastante. Gracias a Dios ya estamos afuera”, sostuvo Luis Rodríguez, de 54 años, quien tenía más de 15 viviendo en Venezuela, donde tenía casa y estabilidad.
Estos colombianos se fueron a Venezuela en busca de mejor vida hace más de 10 años. Allí lograron una estabilidad trabajando en diferentes oficios. Sin embargo, cuando fueron acusados de paramilitares, no hubo forma de demostrar que eran personas de bien. “El gobierno de Venezuela nos acusó injustamente, nosotros mostramos las pruebas que demostraban nuestra inocencia, pero estábamos ante un gobierno retrechero que no respeta y que siempre hacía su voluntad. Fue difícil, pero gracias a la gestión de la doctora Michelle Bachelet se logró la liberación”, finalizó Germán Espitia.
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