La Procuraduría General de la Nación (PGN) nuevamente le hizo un llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Transporte, relacionado al macroproyecto del canal del Dique. (Lea: Canal del Dique: la JEP ordenó tomar medidas de carácter restaurativas)

El Ministerio Público le solicitó al Gobierno nacional actualizar los riesgos por la restauración del canal del Dique y tener en cuenta los compromisos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). (También le puede interesar: “Veíamos más sangre humana que peces”: víctimas del Dique a la JEP)

“Tuvimos una reunión de la mesa de seguimiento preventiva al proceso licitatorio del canal del Dique, que se viene realizando desde el pasado 31 de agosto y que se suspendió por una medida cautelar”, dijo Gustavo Guerrero Ruíz, procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios.

Y continuó: “Una vez se retomó el proceso, nuevamente se permitió la convocatoria de esta mesa. Las principales conclusiones de esa jornada fueron varios llamados de atención por parte de la PGN. Un primer llamado de atención tiene que ver con el instrumento de manejo ambiental. Seguimos percibiendo que la ANI no actualiza su análisis de riesgos en torno a la posible exigibilidad de una licencia ambiental y un análisis profundo sobre la pertinencia y suficiencia del Plan Hidrosedimentológico como instrumento de manejo que eventualmente pudiera suplir a la licencia ambiental”.

Cuestionó que no existe un análisis del riesgo que pueda derivarse de las medidas cautelares adoptadas por la JEP, relacionada al protocolo de la arqueología forense.

Solicitud de la JEP

En una audiencia pública realizada a inicios de octubre en el teatro Adolfo Mejía de Cartagena, se ordenó que el protocolo de para buscar personas desaparecidas en el Dique, no solo tenga en cuenta el hallazgo fortuito de cuerpos, sino que garantice la búsqueda, exhumación y entrega digna de cuerpos.

Otra orden impartida por la JEP es que, para futuras obras y proyectos en Colombia, el Ministerio de Transporte construya junto con otras entidades del estado, un documento de lineamientos para protocolos de salvaguarda y protección de cuerpos no identificados de presuntas víctimas del conflicto. El propósito es garantizar la búsqueda, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas.

Dentro de las decisiones, la JEP instó que la mesa interinstitucional de articulación debe estar conformada diferentes entidades, se deben incluir las minorías y comunidades negras.

“Hemos decidido emitir el auto 068 de 2022 con medidas de carácter restaurativo. Se ordena a las gobernaciones de Atlántico, Bolívar y Sucre, que de manera coordinada con los 19 municipios del área de influencia del canal, diseñen una ruta de memoria”, dijo en ese entonces, la magistrada de la JEP, que leyó las conclusiones del encuentro.