A mediados de abril la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y el equipo técnico de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) realizaron un recorrido de reconocimiento en el canal del Dique con más de 20 empresarios nacionales e internacionales, en el que estos conocieron los beneficios que traerá la Alianza Público Privada (APP) de este macroproyecto. (Lea: Gobierno e inversionistas de diferentes países recorrieron el canal del Dique)
En el recorrido se explicó que el canal de acceso al Dique (a la altura del corregimiento de Pasacaballos) se encuentra altamente sedimentado y que podría impedir el tránsito de embarcaciones. De acuerdo con la ANI, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) realiza frentes en ocho zonas para mitigar el impacto de los sedimentos en el canal.
En Santa Lucía (Atlántico) la vicepresidenta Ramírez bajó de la embarcación en la que iba y en el malecón de ese municipio dialogó con sus habitantes y les habló de las bondades del proyecto. Los atlanticenses le pidieron a la representante del Gobierno nacional que no los olvidara. (También le puede interesar: El canal del Dique, la apuesta por el desarrollo del Caribe)
“La idea es dar a conocer las bondades del proyecto porque muchas comunidades desconocen las obras que se van a realizar. Hay que impulsarlas como un atractivo turístico y que las gobernaciones puedan construir malecones, muelles, que podamos ver veleros y que esto sea un impulso económico”, dijo Marta Lucía Ramírez.
Solicitud de la Procuraduría
Frente a este tema, hoy la Procuraduría General de la Nación (PNG) le reiteró a la ANI la solicitud de la comunidad de fijar fechas para la socialización del proyecto en los departamentos de Sucre, Atlántico y Bolívar. De acuerdo con el Ministerio Público, son muchos los interrogantes que tienen los habitantes ribereños.
La PGN destacó que el 24 y 25 de marzo de 2022 se realizaron reuniones con pescadores artesanales, organizaciones de agricultores y comunidades ribereñas al canal, a las que no asistió la ANI, en Santa Lucía, Atlántico; y en Arjona, Bolívar. Al finalizar las jornadas se acordó transmitir las inquietudes y requerimientos de los ciudadanos a la agencia.
El Ministerio Público transmitió los planteamientos presentados durante las mesas de trabajo y pidió dar respuesta clara y oportuna a los interrogantes en temas como la eventual sedimentación o desaparición de las ciénagas, el manejo de las compuertas, las campañas de monitoreo de pesca, la seguridad alimentaria, la situación de los manglares, la proyección de inundaciones, entre otros.
¿Cuáles son los interrogantes?
Según la Procuraduría, las comunidades que se encuentran ubicadas en el área de influencia del proyecto les manifestaron de manera repetitiva que este no ha sido socializado y que desconocen los impactos que se generarán a nivel ambiental y social.
Los ribereños cuestionan que el proyecto tiene como objeto de interés la protección de la bahía de Cartagena, pero no se analizarían los impactos que se generarán sobre la bahía de Barbacoas, Bocacerrada y zonas aledañas como el golfo de Morrosquillo.
Estas comunidades piden explicación sobre las medidas de mitigación y prevención que se tienen contempladas frente a futuras sedimentaciones; el manejo de las compuertas de Calamar y su impacto; qué va a pasar con los ecosistemas y cómo se garantizará el acceso al agua las comunidades del canal.
Habitantes de San Basilio de Palenque, piden que la ANI haga una consulta previa a esta comunidad palenquera. Por su parte, la ANI reiteró que se realizaron 16 consultas previas y que continuarán realizando socialización con las comunidades antes y durante la ejecución del proyecto.
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