La cantidad de accidentes registrados en Cholón (Barú) durante el 2019, por cuenta de los choques entre botes y bañistas, provocaron que las autoridades de orden nacional se trasladaran al sitio para tomar medidas urgentes y evitar que esto siguiera sucediendo.
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En ese entonces, las autoridades nacionales y locales se reunieron en la ciudad y definieron acciones. En una primera fase, con una inversión de $80 millones, la Dirección General Marítima (Dimar), instaló 80 boyas que cubrían 200 metros lineales en el balneario. Dicha intervención se hizo en marzo del año pasado.
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Los recursos para la segunda fase, avaluados en $2.261 millones y aportados por el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), fueron aprobados por el comité directivo de esta entidad el 29 de enero de 2020, pero ante las circunstancias de la pandemia, el proyecto no pudo ejecutarse.
Fue así como a finales de ese mismo año fue que se retomaron los trámites necesarios para sacar adelante esta importante intervención, entre ellos, la realización de la consulta previa con la comunidad de Barú.
En una primera reunión realizada con la comunidad en febrero de 2021, el Consejo Comunitario de Barú presentó su propuesta para la ruta metodológica de la consulta previa, la cual tenía un costo de $110 millones. Sin embargo, este valor no debía asumirlo Fontur sino el Distrito, a través de la Secretaría del Interior.
“La totalidad de los recursos aprobados por el comité directivo para la implementación del ordenamiento y señalización de Cholón están destinados específicamente para la ejecución del proyecto técnico, en consecuencia, no se consideran actividades que se encuentren por fuera del alcance definido en la formulación (...) Solicitamos a la Alcaldía que asuma desde su competencia el liderazgo y los costos asociados al proceso consultivo, de tal manera que este pueda adelantarse sin contratiempos y de manera oportuna”, dice una misiva de Fontur dirigida al alcalde William Dau en febrero.
Después de aquella carta vinieron muchas más exhortando a la Alcaldía a que comenzara el proceso, pues los meses pasaron y la consulta nunca se realizó.
Ante ello, Fontur pidió al Distrito mayor celeridad en la contratación de la ruta metodológica, pues de no cumplirse con este paso, el convenio podría finalizarse y los recursos tendrían que ser devueltos.
¿Qué sucede?
El Universal se comunicó con el secretario del Interior, David Múnera, quien explicó que inicialmente el Distrito tuvo dificultades para cumplir con las necesidades de la comunidad de Barú en el marco de la consulta previa, pero que ya se pusieron en marcha. Además, informó que los recursos no están en riesgo de perderse.
“Tenemos dos años para hacer esa señalización y estamos en proceso de hacer la consulta. En la Alcaldía estamos interesados en este proyecto y en su realización”, dijo el funcionario.
Aseguró que esta consulta se realizará en el 2022 con todas las garantías para la comunidad.
Una consulta necesaria
Leonard Vallecillas, representante legal del Consejo Comunitario de Barú cuestionó la demora del Distrito para arrancar con el proceso, teniendo en cuenta que la propuesta para la ruta metodológica fue presentada en febrero.
De hecho, explicó que la propuesta inicialmente tenía un costo de $110 millones, pero a solicitud de la administración esta tuvo que ser ajustada a $90 millones. Dicho proceso está pensado para llevarse a cabo en un período de cuatro meses.
“La consulta previa es un derecho fundamental a la participación y tenemos que garantizar que toda la gente participe para que identifique los impactos que de una u otra manera puedan ocasionar estas instalaciones que pretende hacer Fontur en el área, entendiendo que ese es uno de los centros de movimiento económico más grandes que tiene la comunidad. Estamos hablando de Cholón, donde trabajan entre 300 y 400 personas que tienen su familia”.
Además, aún hay dudas y discrepancias en la comunidad en torno al proyecto, por lo cual consideran importante que se haga la discusión y se lleguen a acuerdos.
“Hoy en Cholón están entrando entre 100 a 150 botes por la temporada, y con el boyaje están pretendiendo que solo entren 60. Ya desde ahí hay una discusión en la que tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuál es la capacidad que puede resistir el área, y basarnos en eso porque nosotros no conocemos un estudio de capacidad de carga real de Cholón”, manifestó el representante.
En general, desde la comunidad piensan que el proyecto es positivo, pero piden que se realice el proceso para evitar que eventualmente haya una afectación a las personas que dependen económicamente de este lugar.
“El proyecto es bueno. Pero es que el tema del ordenamiento no se puede basar solo en instalar unas boyas. Eso requiere de otras cosas como concientizar a la gente, entregarles herramientas que les permitan administrar lo que se va a instalar ahí porque estamos hablando de $2 mil millones que se van a invertir en este proyecto. No puede ser que los dejemos ahí o que después pretendamos imponer las cosas porque eso lo que va a generar es choque entre la comunidad y las autoridades”, sostuvo Vallecillas.
Sobre el proyecto
De acuerdo con Fontur, el proyecto busca que la prestación de servicios turísticos en Cholón se realice de manera ordenada y segura para los habitantes de Barú y los visitantes de la playa, con el fin de prevenir siniestros marinos o situaciones que afecten a los usuarios.
Los recursos para este proyecto fueron aprobados con base en conceptos de viabilidad emitidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Dirección General Marítima (Dimar).
Mientras tanto, la estructuración técnica fue emitida por la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias (Corpoturismo).