La Empresa de Desarrollo Urbano, Edurbe, está cada vez en una situación peor y se ha convertido en otra bomba de tiempo que podría estallar en la administración Dau.
El pasado 4 de marzo el entonces gerente, Uriel de Arco, presentó renuncia irrevocable por solicitud del alcalde, William Dau, tras entregar un informe que concluía que la Tasa Interna de Retorno de los peajes de la ciudad no se ha alcanzado, representando una contrariedad con el oficio de la Contraloría General de la Nación sobre el presunto detrimento patrimonial causado en el marco del contrato de concesión. (Lea: Crisis en Edurbe: Renuncia gerente y varios miembros de la junta directiva)
“Como cartagenero yo también quiero que el contrato de concesión del corredor de carga finalice, pero como gerente de la empresa Edurbe, supervisora del contrato, tenía la responsabilidad de emitir un informe objetivo, responsable, ético, profesional, coherente y analítico, acorde a lo jurídico, contractual y financiero, sin ningún tipo de sesgos ni miedos laborales”, indicó en la carta de renuncia.
Ese mismo día también renunciaron tres de los miembros principales de la Junta Directiva de la entidad: Jaime Alberto Hernández Herrera, Santiago Noero Arango y Edith Salas Osorio; esto representó una ausencia de poder por fuera de la administración, pues ellos eran una voz externa.
Ante las salidas de los miembros, la Junta Directiva designó como gerente encargada a Tatiana Sánchez Alarcón, quien fungía como secretaria general, y nombró a otros suplentes.
Según contó una fuente a este medio, en la última reunión de la Junta Directiva, realizada el pasado 24 de marzo, se les sugirió abiertamente a los directivos de Edurbe que “liquidaran a todos los trabajadores, los mandaran a sus casas, y que esperaran que algún día se les pague la liquidación y todos los salarios, seguridad social, prestaciones sociales y beneficios laborales adquiridos durante los últimos 10 meses”.
Al consultar a la gerente encargada sobre esto, manifestó que “la Junta Directiva aún no se ha terminado por lo extenso del tema y se está dentro de los términos legales para poder terminarla”. Explicó que por ley esta reunión no se puede realizar antes de diez días hábiles ni después de treinta días hábiles, contados desde la última reunión.
La funcionaria agregó que no tiene competencias para dar claridades sobre el tema, y al consultar con el alcalde Dau este manifestó que el tema no ha avanzado y todo sigue igual.
Una de las principales razones por las que se estaría pensando en liquidar a Edurbe es por su inviabilidad financiera y operacional. Actualmente la empresa tiene deudas que superan los $24 mil millones con proveedores, contratistas y personal de planta, a estos últimos se les deben cerca de 10 meses de salarios, prestaciones sociales y beneficios laborales.
El problema radica en que la empresa no cuenta con unos bienes y servicios que se vendan mensualmente y no recibe ningún tipo de transferencia por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital.
De hecho, el Distrito le adeuda $20 mil millones a Edurbe por diferentes contrataciones en administraciones anteriores y se esperaba recibir este impulso económico para sanear las deudas, salir del hueco fiscal y empezar a reestructurar la empresa, pues el modelo de negocio no es el mejor.
De esa deuda, $5 mil millones corresponden al saldo del convenio 004 de 2017 que se hizo para construir 26 canales de alcantarillado pluvial y diseñar otros 44, sin embargo, el convenio se liquidó pero ya se habían entregado los diseños de los 26 canales.
Según contó una fuente cercana a la entidad, desde la Secretaría de Hacienda se manifestó de manera informal que no se girarán recursos hasta que la empresa esté limpia en su totalidad, refiriéndose en términos de corrupción. Aunque El Universal quiso confirmar esta información con la secretaria de Hacienda, a pesar de las llamadas la funcionaria nunca contestó.
“Lo grave es que a medida que pasa el tiempo se multiplican las deudas de Edurbe con los proveedores, los contratistas y los empleados de planta, quienes no le rebajan una a la entidad, y no solo la han llenado de derechos de petición y tutelas, sino que ya han perdido demandas las cuales les obliga a pagarles a estos terceros sumas muy superiores a lo que inicialmente se les debía”, afirmó.
Cabe destacar que cada mes que pasa sin ingresos y con los costos y gastos fijos mensuales de funcionamiento, se les acumulan a las deudas actuales unos $200 a $250 millones mensuales.
“Es preferible que el Distrito le pague lo que le debe a Edurbe para que esta empresa despegue, pueda pagar, y los empleados tengan fuerzas para trabajar en la verdadera transformación de la entidad, como lo había prometido el mismo alcalde, y no permitir que la empresa no llegue al límite de también cerrar sus operaciones de manera definitiva por falta de funcionamiento igual que Transcaribe”.
Lo primero que se debe tener en cuenta es que Edurbe es una empresa cuyo 84% le pertenece al Distrito y el resto al departamento y los municipios, por eso, si la Junta Directiva decide liquidarla tendría que hacerlo con los socios y entregarles en dinero, o en especie, el 16% restante lo cual sería otro problema financiero para el Distrito.
Según un estudio de la Contraloría General de la Nación, liquidar un entidad estatal en Colombia tarda en promedio 20 años. La Alcaldía tendría que acudir al Concejo para solicitar facultades y modificar la estructura del Distrito para eliminar esta empresa, la corporación tendrá, a su vez, la facultad de estudiar si existen fundamentos jurídicos para proceder con dicha autorización.
El artículo 512 de los estatutos de Edurbe establece que: “Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, la sociedad no se disolverá ipso facto, pues la asamblea de accionistas deberá tomar y ordenar las medidas conducentes al restablecimiento del patrimonio neto por encima del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, dentro de los seis meses siguientes a la fecha del balance en que aparezcan consumadas las pérdidas. Si tales medidas no se adoptan dentro del plazo indicado, la asamblea de accionistas deberá declarar disuelta la sociedad para que proceda a su liquidación.”
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