Al menos 60 personas han sido asesinadas dentro de los 1.985 kilómetros cuadrados que tiene Remedios, un municipio del Nordeste antioqueño en el que viven 33.000 personas, principalmente en zonas rurales.
Como se sabe, en Remedios se vive de la minería del oro y el monopolio de la violencia lo tuvieron las Farc hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 2016. Desde entonces, grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y otro dato curioso es que es un pueblo vecino de Segovia, el pueblo donde una secta satánica asesinó al niño Maximiliano.
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Según el portal de datos alemán Statista, las ciudades más peligrosas del mundo según la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en 2021 fueron:
Tijuana, con 138
Acapulco con 110
Caracas con 100
La primera ciudad colombiana en el ranking fue Palmira, con 47 homicidios. Sin embargo, en Remedios, a falta de dos meses para que se acabe el año, la tasa sería de 182 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Sería, porque en Remedios no hay todos esos habitantes, y porque muy probablemente haya un subregistro pues a los cadáveres se los comen los gallinazos antes de que el Ejército o la Policía se atrevan a llegar a una vereda rural a hacer un levantamiento.
Si se bajara la escala del indicador a asesinatos por cada 10.000 o 1.000 habitantes, la historia sería otra y estaríamos ante el pueblo más violento del mundo.
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Se trata de un consenso: casi todo el que llega a Remedios dice que el ambiente es pesado, incómodo. Es difícil de explicar, la gente lo asocia con las energías, con la fama de brujería y hasta de satanismo que tiene el pueblo. Pero lo cierto es que el terror que viven desde hace un par de años los remedianos no es del más allá, es del más acá.
El Nordeste siempre ha sido una región apetecida por los grupos armados, principalmente por tres razones. La primera es su estratégica ubicación geográfica, conecta —a través de carreteras casi intransitables de piedra y polvo construidas por las mismas comunidades— al Norte y al Bajo Cauca antioqueño con el Magdalena Medio y con el Sur de Córdoba. Una ruta clave para el tráfico de drogas, armas y tropas.
La segunda razón es que detrás de cada piedra sale oro o plata. Antioquia es el departamento con más títulos de exploración aurífera en el país y el Nordeste —región de 10 municipios— representó en el 2020 el 80% de la producción del oro legal del departamento; oro que se vendió en más de 40 millones de dólares.
¿El estado no se aparece por allá?
La tercera razón es la poca o nula presencia del Estado para proteger a sus ciudadanos. Luego de la firma de los acuerdos de La Habana, el ELN y las AGC llegaron mucho antes que las instituciones del Estado para cubrir el hueco de autoridad que dejaron las Farc. Desde entonces, están en una guerra por el control de las rutas cocaleras, las minas, el ganado y la extorsión.
¿Qué pasa en las veredas
Desde hace meses, las organizaciones humanitarias, líderes sociales y hasta la Defensoría del Pueblo están pidiendo auxilio. Basta con dar una vuelta por el pueblo para darse cuenta de que allí mandan las “autodefensas”: “AGC presentes”, “muerte a sapos”, se lee en la mayoría de las casas cercanas a la iglesia y a la estación de Policía.
Un par de kilómetros por fuera del casco urbano aparecen otras empresas de vigilancia y muerte: el ELN y las disidencias de las Farc, quienes se aliaron para frenar la arremetida de las AGC.
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A las veredas, de nombres bellos como Carrizal, Cañaveral o El Carmen, donde vivieron la mayoría de asesinados, no entra nadie a visitar sin tener al menos un permiso firmado por los líderes de la Junta de Acción Comunal. Ese salvoconducto hay que presentarlo en los retenes que tienen montados hace mucho rato los grupos armados y que comienzan a solo media hora de camino desde las oficinas de los alcaldes de Remedios y Segovia.
La vida rural entre Remedios y Segovia —muchas veces es difícil determinar qué parte del territorio corresponde a cada municipio, excusa perfecta para dejar a los muertos en el limbo— está determinada por la ley de los elenos y de los disidentes de las Farc. Ellos deciden a qué horas empieza el día y a qué horas termina, la cantidad de mujeres que pueden entrar a un bar y hasta qué horas, los castigos por malas conductas y los montos de las vacunas. Según cuentan, la extorsión es progresiva: al que le va bien paga más que al que le va mal.
A la vereda El Carmen, por ejemplo, donde en agosto los habitantes hicieron un refugio humanitario para casi 700 personas, los únicos que pueden entrar son los empleados de la funeraria del pueblo.
Al menos 10 de los 60 asesinatos selectivos de este año han sido a habitantes de El Carmen. El de Élmer Lenín Guerra ha sido tal vez el más doloroso, pues fue el encargado de la logística de ese refugio humanitario.