A través de una acción de tutela, Álvaro Leyva Durán quiere hacerle el quite a la suspensión que le impuso la Procuraduría de tres meses.
El abogado del suspendido canciller interpuso la acción legal ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque considera que a su cliente se le están vulnerando derechos fundamentales. Lea aquí: Confirman suspensión y abren nueva investigación contra canciller Álvaro Leyva
“(A Leyva se) le impuso una arbitraria medida de suspensión provisional por el término de tres (3) meses, acto este que no se adecua a las exigencias legales ni a los estándares definidos por la jurisprudencia constitucional”, fue el alegato que presentó el defensor del suspendido funcionario, Mauricio Dueñas.
Te puede interesar:
Gobierno Petro salva en Congreso el Ministerio de la Igualdad
El equipo de abogados de Leyva aseguró que la medida provisional, además, es garantía para evitar que se cometan perjuicios en “inminentes temas de interés público”.
“Suspender al canciller –a menos que existieran imperiosas y necesarias razones, las cuales no se vislumbran– entorpece la dirección y el normal desarrollo de las relaciones exteriores y con ello el interés público”, alegó Dueñas.
El abogado insistió en que uno de los prejuicios de la suspensión ocurrió el pasado 7 de febrero, cuando a Colombia arribaron 15 delegaciones oficiales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Según él, la ausencia del canciller dificultó la coordinación de varias labores.
En todo caso, el vacío de Leyva fue llenado por Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Washington, quien asumió las riendas de la Cancillería mientras regresa el suspendido funcionario. Le puede interesar: Tras suspensión de Leyva, Luis Gilberto Murillo asume como canciller encargado
Ahora, la pelota quedó en terreno del Tribunal Administrativo, que tendrán 10 días para estudiar la acción de tutela y definir si acceden o no a los argumentos presentados por el canciller suspendido y su bufete de abogados.
La suspensión del canciller estaba cantada desde el pasado 24 de enero. Ese día, el Ministerio Público decidió apartar a Leyva del cargo y llamarlo a juicio disciplinario en medio del proceso que se lleva en su contra por las posibles irregularidades que habría cometido al declarar desierta la licitación de los pasaportes en Colombia.
De acuerdo con la investigación –iniciada en septiembre de 2023– el canciller Leyva habría cometido una falta grave al declarar desierta la licitación 001 de 2023 (fabricación de los pasaportes) porque tomó la decisión sin tener fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos. De ese modo, habría vulnerado los principios que rigen la contratación estatal.