La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación contra funcionarios “por establecer” del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Magdalena, por presunto direccionamiento de contratos.
De acuerdo con la denuncia que llegó al Ministerio Público, la oficina regional del Instituto habría desconocido instrucciones de la dirección general de la entidad para contratar servicios de educación básica para Hogares Comunitarios de Bienestar. Lea: En Colombia aún hay 6,9 millones de desplazados sin asistencia o reparación
La dirección del ICBF había dispuesto que esos contratos debían adelantarse con asociaciones de padres de familia o con grupos étnicos. Sin embargo, el equipo directivo del ICBF de Magdalena se habría inclinado por fundaciones que operan desde hace tiempo.
La regional, al parecer, adjudicó más de $42.290 millones, a pesar de que asociaciones de grupos étnicos en la región, organizaciones indígenas o madres comunitarias “se encontraban debidamente legalizadas para contratar”, detalló la Procuraduría. Lea: El mensaje de Álvaro Uribe al presidente Petro sobre alocución de la pensional
El ente de control solicitó el listado de contratos entregados de manera directa por el ICBF de Magdalena, así como un informe que determine qué funcionarios han participado en los procesos de contratación durante la administración actual.