El Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 sobrepasó los límites de gastos establecidos en más de 3.500 millones de pesos. La indagación formal fue abierta en octubre de 2024 y desde entonces se han documentado presuntas irregularidades que superan los 5.300 millones de pesos, entre aportes no registrados y gastos no reportados.
Aunque en abril de 2025 la Corte Constitucional suspendió de manera provisional el proceso contra el presidente, al amparo del fuero que lo protege, la decisión no cobijó a otros integrantes de su equipo de campaña. Entre los señalados están el exgerente Ricardo Roa y directivos de Colombia Humana y de la Unión Patriótica, quienes podrían enfrentar sanciones administrativas. Lea: “Los topes nunca fueron excedidos”: Benedetti defiende campaña de Petro
Recientemente, dos magistrados del CNE presentaron una ponencia en la que proponen sanciones formales contra el equipo directivo de la campaña. Según la Ley 996 de 2005, este organismo tiene la facultad de auditar ingresos y gastos, ordenar la devolución de recursos y establecer multas.
Incluso, la Constitución en su artículo 109 contempla la posibilidad de pérdida de investidura o del cargo cuando se violan los topes de financiación, aunque en la práctica este escenario nunca se ha materializado en contra de un presidente en ejercicio.
Procesos anteriores contra campañas presidenciales
El caso actual no es el primero en el que una campaña presidencial se enfrenta a investigaciones por irregularidades financieras. La historia reciente demuestra que, aunque existen disposiciones legales para sancionar, las consecuencias suelen recaer en gerentes y directivos de campaña más que en los propios mandatarios.
En el gobierno de Iván Duque, por ejemplo, su campaña fue investigada en dos ocasiones. La primera, en el marco de la llamada “Ñeñepolítica”, se basó en audios del narcotraficante José Guillermo Hernández sobre presunta compra de votos. El proceso fue cerrado por falta de pruebas.
La segunda, en 2022, tuvo origen en las declaraciones de la excongresista Aída Merlano, quien afirmó que la campaña recibió 6.000 millones de pesos del empresario Julio Gerlein. Pese a los señalamientos, el caso fue archivado por vencimiento de términos.
Otro antecedente clave es el de Juan Manuel Santos y la financiación de Odebrecht. El gerente de sus campañas, Roberto Prieto, reconoció la entrada de dineros de la multinacional brasileña. Prieto terminó condenado a prisión e inhabilitado, pero el expresidente no enfrentó sanciones directas. En 2019 el CNE abrió una indagación sobre la campaña de 2014, pero fue cerrada en 2021 sin consecuencias para Santos.
El episodio más recordado sigue siendo el Proceso 8.000, que marcó el gobierno de Ernesto Samper en 1994, cuando se probó el ingreso de dineros del cartel de Cali a su campaña. El Congreso archivó el juicio político, aunque varios de sus colaboradores, entre ellos Fernando Botero Zea y Santiago Medina, recibieron condenas judiciales.
¿Qué puede pasar con el caso de Petro?
La experiencia de las últimas tres décadas muestra que los procesos contra campañas presidenciales rara vez llegan hasta el mandatario. En este caso, lo más probable es que las sanciones recaigan sobre los directivos, como ocurrió con Prieto en el caso de Odebrecht. La ponencia ya radicada en el CNE contempla multas, devolución de recursos y posibles restricciones al acceso de financiación para quienes manejaron la campaña.
En cuanto al presidente, la suspensión del proceso ordenada por la Corte Constitucional lo mantiene protegido. Sin embargo, el Consejo de Estado precisó que las indagaciones administrativas contra el resto de implicados pueden continuar. Según el abogado Andrés Úsuga, “es probable que el caso se archive y quede en el olvido”, debido a que los términos legales podrían estar vencidos.
Si en algún momento se comprobara una responsabilidad directa del jefe de Estado, el único camino para una sanción sería un juicio político en el Congreso a través de la Comisión de Acusaciones. Pese a que la Constitución y la Ley 996 lo prevén, ningún presidente ha perdido su cargo por este mecanismo. Samper, Santos y Duque enfrentaron procesos en esta instancia, todos cerrados sin que se concretara la destitución.
Así, aunque el caso Petro mantiene un alto perfil político y jurídico, los antecedentes sugieren que las consecuencias más tangibles se concentrarían en los responsables financieros y directivos de su campaña, sin que ello implique una sanción directa al presidente en ejercicio.