El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió este martes a la ponencia radicada en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se plantea sancionar la campaña presidencial de Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación.
El documento, elaborado por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, sostiene que la campaña habría sobrepasado los topes legales por más de 3.500 millones de pesos.
El jefe de la cartera política defendió el manejo económico del equipo de campaña y reiteró que nunca se superaron los límites permitidos. “Hay que dejar bien claro que los topes nunca fueron excedidos y que Ricardo Roa, aunque yo no estuve en la parte que tiene que ver con la recolección de dinero, estoy seguro de que nunca jamás pasó o excedió esos montos”, aseguró Benedetti. Lea: Campaña de Gustavo Petro superó topes de financiación en más de $3.500 millones: CNE
Además, expresó su confianza en Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y quien en su momento fue gerente de la campaña. De acuerdo con el ministro, la gestión de los recursos se hizo de forma transparente, por lo que rechaza los señalamientos del organismo electoral.
Por otra parte, Benedetti recordó que existe un debate jurídico alrededor de la competencia del CNE frente al mandatario en ejercicio. “Existe una tutela que establece que el presidente de la República tiene un fuero en este tipo de procesos. Habrá que esperar si ese fuero se hace extensivo también a la campaña presidencial”, afirmó.
CNE investiga financiación de la campaña presidencial de Petro
La ponencia de Prada y Ortiz será sometida a discusión en Sala Plena en las próximas semanas y propone sanciones económicas contra Ricardo Roa, la colectividad Colombia Humana y otros directores de la campaña. Se trata de la primera vez que un proceso de este tipo contra una campaña presidencial en ejercicio llega a este nivel de debate dentro del CNE.
La investigación fue abierta en octubre de 2024, tras detectarse presuntas inconsistencias por cerca de 5.300 millones de pesos no reportados en los informes de ingresos y gastos. Según el expediente, en la primera vuelta se habrían omitido 3.700 millones correspondientes a contribuciones no registradas, mientras que en la segunda vuelta se identificaron 1.600 millones relacionados con un contrato de servicios de aviación prestados por la empresa SADI.
Aunque en el pasado se iniciaron indagaciones similares contra campañas de otros mandatarios en ejercicio, esas investigaciones fueron archivadas en etapas preliminares. En esta ocasión, el proceso ha avanzado hasta contar con una ponencia formal que busca sanciones concretas, lo que marca un precedente en la revisión del financiamiento electoral en Colombia.