Aunque el Gobierno nacional firmó contrato con Thomas Greg & Sons para la producción de pasaportes hasta el 30 de abril de 2026, la Procuraduría General de la Nación continúa investigando si la Cancillería incurrió en irregularidades en la licitación para la fabricación de las libretas de pasaportes y la gestión de las citas, la posible vulneración de principios como la planeación y responsabilidad en los trámites, y el riesgo de desabastecimiento del servicio.
Recientemente, la Cancillería manifestó que Thomas Greg & Sons es la única empresa con capacidad logística y técnica para garantizar la continuidad del servicio, el cual ha prestado durante los últimos 15 años en el país.
El nuevo contrato, que entrará en vigencia el 1 de septiembre, fue diseñado para evitar interrupciones en la expedición de pasaportes, un proceso que ha estado en el centro de tensiones recientes debido al interés del Gobierno en buscar otras alternativas, como la Imprenta Nacional y un proveedor en Portugal. Le puede interesar: Gobierno Petro confirma contrato con Thomas Greg para producción de pasaportes
Caso pasaportes en Colombia: siguen investigaciones por presuntas irregularidades
La Sala Disciplinaria de Instrucción deberá revisar si se omitió la realización de un proceso de selección competitivo al seleccionar, sin licitación, a la Imprenta para que se haga cargo de la expedición de los documentos, teniendo en cuenta además que la empresa no cuenta con la capacidad para ejecutar el contrato.
Según el Ministerio Público, la Imprenta va a necesitar recibir capacitación e incurrir en gastos para subcontratar servicios adicionales para cumplir con el contrato con la Cancillería.
La Procuraduría también investiga si se omitió la ley que regula la contratación con organismos internacionales, pues el valor de los aportes que realiza la Casa de la Moneda de Portugal es inferior al 50 % del valor del convenio.
Así mismo, se pudo haber incurrido en una irregularidad al comprometer vigencias futuras de carácter excepcional que superan el periodo del Gobierno actual. Y a esto se suma una posible falta de recursos para otros ítems del convenio.
Además de la canciller encargada, Yolanda Villavicencio, la investigación cobija al jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julián David Peña Martínez; y la subgerente administrativa y financiera, Olga Lucia Ruiz Mora; y sus miembros de junta y delegados del Ministerio del Interior, Jaime Berdugo; de las Culturas, Luis Alberto Sanabria, y del Ministerio de Educación, Dora Ojeda Roncancio, y Ricardo Arque Benavides, su homólogo en el Departamento Administrativo de la Presidencia.