No son buenas las noticias para el Gobierno nacional que lidera el presidente Gustavo Petro, ya que, en las últimas horas se conoció que el Consejo de Estado admitió para su estudio la primera demanda contra el decreto del aumento del salario mínimo a 2 millones de pesos.
De acuerdo con la información, la demanda fue presentada por Germán Castro contra los ministerios de Hacienda y Trabajo, al considerar que dicho decreto de aumento del 23,7 % vulneraría disposiciones legales y constitucionales. Lea: Corte Suprema prohíbe despedir a empleados próximos a pensionarse
Los ministerios ya fueron notificados por el Consejo de Estado
Asimismo, se detalló que el Consejo de Estado ya notificó a los ministerios involucrados. Por otra parte, se conoció que se le dio traslado de la demanda por 30 días a las entidades accionadas, a la Procuraduría General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que se pronuncien respecto a esta situación.
Es importante precisar que, también se ordenó por parte del Consejo de Estado que el Gobierno nacional debe allegar la totalidad de los documentos que precedieron la expedición del decreto del salario mínimo para este 2026.
“En providencia separada se llevará a cabo el trámite correspondiente para decidir la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional que elevó el demandante”, agregó el alto tribunal. Le puede interesar: Salario mínimo vital: la propuesta del Gobierno Petro para blindarlo por ley en Colombia
La expedición de este decreto con el que se ordenó el aumento del salario mínimo ha sido ampliamente objeto de fuertes críticas por diferentes gremios y sectores, los cuales advierten que dicho incremento no estuvo soportado bajo estrictos criterios técnicos.
Juez negó medida cautelar para suspensión del decreto del aumento del salario mínimo
Entre otro tema que tiene como principal situación al aumento del salario mínimo, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá negó la medida cautelar solicitada por el exmagistrado Alejandro Linares para suspender de inmediato el decreto que fijó el aumento del salario mínimo, argumentando que no existe una urgencia manifiesta que obligue a congelar el incremento del 23 % mientras se estudia a fondo la acción de tutela interpuesta contra la Presidencia de la República.
El juez Sergio Maximiliano Chauta González resolvió no acceder a la petición de urgencia invocada dentro de la tutela, al determinar que el tiempo que tomará el despacho para proferir una sentencia definitiva no genera un daño mayor al accionante ni hace “más gravosa la situación” de quienes cuestionan la legalidad del ajuste salarial.
La acción judicial fue presentada por el abogado y exmagistrado Alejandro Linares Cantillo, en representación del ciudadano Alexander Donado Rondón, quienes demandaron a la Presidencia, al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Hacienda con el objetivo de tumbar el decreto 1469 que estableció las condiciones económicas para 2026.
En su providencia del 9 de enero, el despacho explicó que la solicitud de medida provisional buscaba el mismo efecto que la pretensión principal de la tutela, por lo que decidió diferir la determinación hasta el fallo de primera instancia y concluyó que, en este momento procesal, no se cumplen “las exigencias legales” para frenar el acto administrativo de manera preventiva.
El juez Chauta González señaló que la negativa se basa en que, durante el término legal de diez días con los que cuenta para fallar, no se advierte un riesgo inminente que justifique la intervención inmediata, por lo que “no advirtiendo la urgencia y necesidad de decretar la medida provisional solicitada, no se accederá a la misma”.
El recurso legal atacaba el procedimiento mediante el cual el Gobierno decretó el alza, recordando que en la mesa de concertación instalada el 1 de diciembre de 2025 los sindicatos y pensionados “solicitaron un incremento del 16%”, cifra que terminó siendo superada por el 23 % que fijó el Ejecutivo ante la falta de acuerdo entre las partes.