En Colombia, la justicia tarda. Tarda años, a veces décadas. Y mientras tarda, la violencia encuentra el espacio que el Estado abandonó. No es una metáfora: cuando un proceso judicial se extiende por lustros, cuando una víctima no puede costear un abogado, cuando una comunidad indígena enfrenta un sistema que no habla su lengua ni entiende su cultura, el Estado está, en la práctica, ejerciendo una forma de violencia institucional. Es sobre esa realidad urgente, cotidiana. Con las nuevas herramientas que nos dota las nuevas tecnologías se puede garantizar una mayor eficiencia y celeridad en los procesos judiciales.
A diferencia de las revoluciones industriales anteriores, obsesionadas con la eficiencia y la productividad, la Quinta sitúa al ser humano en el centro. No pregunta qué puede hacer la máquina, sino qué necesita la persona. En ese giro filosófico reside su mayor potencial para un país como Colombia, donde la tecnología ha llegado históricamente primero a quienes menos la necesitan.
“Colombia obtiene cero puntos en el Índice Global de IA Responsable en materia de diversidad cultural y lingüística. Usar algoritmos sin corregir ese déficit no es modernizar la justicia: es automatizar la exclusión.”
Cuatro herramientas concretas articulan esta promesa. La primera y quizás la más urgente es el modelo Human-in-the-Loop (HITL): un esquema en el que la inteligencia artificial asiste al juez, pero nunca lo reemplaza. Su premisa es tan simple como profunda: ningún algoritmo comprende la dignidad, el miedo, el contexto de una víctima que testifica con la voz quebrada. La Corte Constitucional lo ratificó en la Sentencia T-323 de 2024: la justicia es un acto humano. La IA puede acelerar la búsqueda de precedentes, detectar inconsistencias procesales o clasificar expedientes, pero la decisión con todo su peso moral debe seguir siendo de una persona.
Esto no es un detalle técnico. En Colombia, los algoritmos entrenados con datos históricos heredan los sesgos históricos: discriminación racial, de clase, de género. El caso de Holanda —donde un sistema de detección de fraude señaló masivamente a migrantes— o el del hombre afroamericano detenido por error en Estados Unidos gracias a un sistema de reconocimiento facial, son advertencias que este país no puede ignorar. Sin supervisión humana permanente, la inteligencia artificial en los juzgados colombianos podría convertirse en el rostro tecnológico de injusticias muy antiguas.
La segunda y tercera herramientas el aprendizaje federado y el blockchain responden a una pregunta que en Colombia tiene consecuencias de vida o muerte: ¿quién protege los datos de quienes acuden a la justicia? En octubre de 2023, un ciberataque masivo comprometió información sensible de la Rama Judicial. En un país donde defensores de derechos humanos, líderes sociales y testigos de crímenes de Estado usan los estrados judiciales como escudo, exponer esa información es exponer a las personas. El aprendizaje federado permite entrenar modelos de IA sin centralizar datos sensibles; el blockchain garantiza registros inmutables, auditables y sin intermediarios. Juntas, estas tecnologías pueden ofrecer algo que el sistema judicial colombiano ha prometido sin cumplir: la certeza de que lo que se dice ante un juez no llegará a manos del victimario.
“Los gemelos digitales no son solo herramientas procesales. En Colombia, pueden ser instrumentos de memoria: reconstruir escenas, preservar testimonios de víctimas, fortalecer la verdad que la paz necesita.”
La cuarta herramienta los gemelos digitales y la realidad virtual abre posibilidades que trascienden el expediente. Reconstruir escenas de crímenes en entornos tridimensionales, recrear testimonios de víctimas del conflicto armado, visualizar peritajes complejos: estas capacidades tienen una dimensión que ninguna otra tecnología judicial ofrece. En el marco de los procesos de justicia transicional en los que la verdad es tan importante como la condena los gemelos digitales pueden ser instrumentos de memoria histórica, de reparación y de no repetición. Son, en ese sentido, tecnología para la paz en su acepción más literal.
Pero toda esta promesa se derrumba si se ignora la pregunta más incómoda: ¿quién tiene acceso? Colombia tiene una brecha digital que es, en realidad, una brecha social con otro nombre. Un sistema judicial que opere exclusivamente en entornos virtuales puede ser extraordinariamente eficiente en Bogotá o Medellín, y absolutamente invisible para una comunidad campesina en zona de conflicto armado como el Catatumbo o el Cauca, para un adulto mayor sin teléfono inteligente, o para una persona con deficiencia que no sabe cómo navegar una plataforma estatal. Si la modernización tecnológica no va acompañada de una política radical de inclusión digital con infraestructura, formación y participación comunitaria, habremos construido una justicia del siglo XXI solo para los que ya tenían acceso al siglo XX.
El Conpes 4144 de 2025 y la Ley de Justicia Digital de 2024 ofrecen el andamiaje normativo. La pregunta no es si Colombia tiene las leyes: las tiene. La pregunta es si tiene la voluntad política de financiar, de exigir y de incluir. Porque, como advierte la Corte Suprema, la tecnología debe ser un medio al servicio de la justicia, no un fin en sí misma. Y la justicia, en este país, todavía le debe respuestas a demasiada gente.
La Quinta Revolución Industrial no llegará a salvar a Colombia. Pero sus herramientas bien concebidas, bien reguladas, bien distribuidas pueden hacer algo quizás más difícil: devolver la confianza. La confianza de que el Estado escucha, de que el expediente no se perderá, de que el juez decidirá sin que el algoritmo lo haya decidido antes, de que los datos de las víctimas no llegarán a quienes las persiguen. En un país que lleva décadas construyendo paz sobre la desconfianza, eso no es poca cosa. Es, posiblemente, el primer paso.