La Corte Constitucional ordenó este jueves la suspensión del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno, mientras se adopta una decisión de fondo sobre su exequibilidad.
Corte suspende decreto clave del Gobierno sobre emergencia económica
La determinación fue tomada tras una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, que respaldaron la ponencia del magistrado Carlos Camargo, la cual planteó la necesidad de frenar la aplicación del decreto.
Examen de constitucionalidad en curso
El alto tribunal adoptó la medida cautelar en el marco del análisis jurídico sobre la compatibilidad del decreto con la Constitución Política, en medio de cuestionamientos formulados previamente por distintos sectores del país.
Impedimentos y salidas
El debate jurídico en la Sala Plena estuvo precedido por la salida del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, cuyo impedimento fue aceptado por unanimidad tras una recusación de la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
El Ejecutivo argumentó que Ibáñez perdió su imparcialidad al emitir opiniones en medios de comunicación y solicitar medidas cautelares previas contra los decretos.
A esta situación se sumó la magistrada Paola Andrea Meneses, quien presentó un impedimento para participar en la discusión del Decreto 1474, derivado de la emergencia. Meneses explicó que su esposo, actual jefe jurídico de Ecopetrol, tiene a su cargo el análisis del impacto de los nuevos tributos a los hidrocarburos en la compañía estatal, lo que configuró un conflicto de intereses.
La suspensión del decreto generó interrogantes sobre el destino de los dineros recaudados durante la vigencia de la norma.
Expertos constitucionalistas advirtieron que, por regla general, los fallos de la Corte tienen efectos hacia el futuro y no retroactivos, lo que dificultaría la devolución de los impuestos ya pagados por los contribuyentes, especialmente en tributos al consumo.
Con la suspensión en firme, la responsabilidad del control constitucional definitivo recae ahora sobre los magistrados restantes, quienes deberán determinar si los argumentos del Gobierno validan la evasión del trámite legislativo ordinario.