La Corte Suprema de Justicia de Colombia impuso una multa de 26 millones de pesos (aproximadamente 6.000 dólares) al abogado Jorge Hernán Zapata Vargas por presentar un recurso judicial que incluía normas y sentencias inexistentes, generadas mediante inteligencia artificial (IA).
La decisión, conocida este lunes, marca uno de los primeros pronunciamientos en Colombia sobre la responsabilidad de los abogados en el uso de herramientas de IA dentro de actuaciones judiciales.
Corte Suprema multa a abogado por citar normas y sentencias falsas generadas con inteligencia artificial
Según certificó el alto tribunal, ninguna de las providencias citadas en el recurso figuraba en los sistemas oficiales de consulta jurisprudencial. Tras la verificación, el propio abogado reconoció que las imprecisiones fueron consecuencia “posiblemente de un programa de Inteligencia Artificial que se trabaja con el fin de agilizar las contestación y tramites (sic)”, de acuerdo con el fallo. Lea: Hombre va a la cárcel por secuestrar a su pareja y exigir $2 millones por su liberación
El recurso extraordinario de revisión había sido presentado contra una decisión del Tribunal Superior de Villavicencio.
“Temeridad procesal” y deber de verificación
La Corte concluyó que el profesional incurrió en “temeridad procesal” al invocar artículos mal citados y precedentes inexistentes.
En su análisis, subrayó que los abogados tienen la obligación indelegable de verificar la autenticidad y veracidad de las fuentes antes de incorporarlas a un proceso judicial, incluso cuando recurren a herramientas tecnológicas.
El fallo también advirtió sobre el riesgo de introducir en los expedientes lo que denominó “pseudo-derecho”, es decir, contenidos inexistentes que aparentan ser jurisprudencia real. En ese sentido, alertó que los modelos de lenguaje generativo pueden producir información falsa aunque verosímil.
Posible investigación disciplinaria
Además de la multa económica, la Corte ordenó remitir el caso a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para que evalúe si el abogado incurrió en una falta disciplinaria y determine las sanciones correspondientes.
Con esta decisión, el alto tribunal fija un precedente sobre la responsabilidad profesional frente al uso indebido de inteligencia artificial en el ejercicio del derecho y refuerza el deber de diligencia en la verificación de la información presentada ante los jueces.