El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó este miércoles 18 de febrero un recurso ante el Consejo de Estado, luego de que ese alto tribunal suspendiera provisionalmente el decreto que fijó un aumento cercano al 23,7 % del salario mínimo para 2026.
La decisión judicial, adoptada el 13 de febrero con ponencia del magistrado Juan Camilo Morales, frenó temporalmente el acto administrativo que elevó el salario mínimo legal mensual vigente a aproximadamente $1.750.905, más el auxilio de transporte. El incremento había sido decretado por el Ejecutivo a finales de diciembre de 2025, tras no alcanzarse un consenso entre sindicatos y empresarios en la mesa de concertación.
Gobierno radica recurso tras suspensión del aumento del salario mínimo
El alto tribunal admitió una demanda de nulidad contra el decreto y consideró que el Gobierno no sustentó de manera suficiente el incremento conforme a los criterios técnicos y legales previstos en la Ley 278 de 1996.
Esta norma exige tener en cuenta variables como inflación, productividad y crecimiento económico al momento de definir el ajuste anual. Lea: Sala Plena aparta a magistrado Ibáñez del debate pensional
Según la providencia, el Ejecutivo habría fundamentado principalmente la decisión en el concepto de “salario mínimo vital”, criterio que para el Consejo de Estado no puede decidirse como el único parámetro para establecer el aumento de ese pago mensual para los trabajadores.
Frente a ese escenario, el Gobierno solicitó revocar la medida cautelar. De acuerdo con lo informado por El Tiempo, que tuvo acceso al documento radicado, el recurso de 28 páginas, fue suscrito por representantes de los ministerios de Trabajo y Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
En el documento se pide “revocar el auto recurrido por exceder la finalidad instrumental de las medidas cautelares y configurar una sustitución regulatoria temporal incompatible con el régimen cautelar y el debido equilibrio de competencias”.
El Ejecutivo sostiene que la decisión del Consejo de Estado “excedió los límites del poder cautelar”. Según el recurso, “el auto no se restringió a un juicio provisional orientado a preservar la eficacia de la sentencia, sino que adoptó una medida de máxima intensidad que reconfigura transitoriamente el régimen jurídico del salario mínimo, produciendo efectos materiales equivalentes a un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del litigio”.
En su argumentación, el Gobierno solicita que se examine si la providencia respetó los principios de separación de poderes. “El análisis conjunto de los cargos demuestra que el Auto presenta vicios sustanciales: (i) desconoce el estándar del artículo 231 del CPACA al fundar la suspensión en una controversia interpretativa y no en una infracción palmaria; (ii) adopta una medida cautelar sustitutiva que desborda la función conservativa y afecta el principio de no prejuzgamiento; (iii) incurre en un déficit de motivación y de ponderación de los intereses en tensión; (iv) desconoce la cosa juzgada constitucional y la interpretación prevalente del artículo 8 de la Ley 278 de 1996; y (v) implica una injerencia indebida en la competencia del Ejecutivo en materia de política económica”, señala el texto al que tuvo acceso El Tiempo.
Mientras se resuelve el recurso, la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales se reunió esta semana. El Gobierno anunció que se apoyará en esas deliberaciones para expedir un decreto transitorio que determine el monto del salario mínimo mientras el Consejo de Estado adopta una decisión de fondo.
Es importante precisar que, el salario mínimo se mantiene en $1.750.905, más el auxilio de transporte, hasta que exista un pronunciamiento definitivo del alto tribunal.