El Gobierno Nacional dio un paso clave en la transformación de la educación superior pública en Colombia. Este martes 3 de marzo, desde la ciudad de Popayán, el presidente Gustavo Petro sancionó la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, una decisión que redefine el modelo de financiación de universidades públicas, instituciones técnicas profesionales y tecnológicas del país.
Durante más de 30 años, la Ley 30 estableció que los recursos asignados a la educación superior crecieran según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, desde el Gobierno se ha insistido en que este indicador no refleja los costos reales de formar profesionales ni las necesidades estructurales de las instituciones. Lee también: UNAD abre convocatoria para estudiar gratis en 2026: requisitos, fechas y cómo postularse.
Esto cambiará para la educación superior en el país en 2026
Nuevo modelo de financiación: del IPC al PIB
Uno de los cambios centrales de la reforma es que la financiación de la educación superior pública dejará de depender exclusivamente del IPC y pasará a crecer con base en el Producto Interno Bruto (PIB). Según explicó el Ministerio de Educación Nacional, este ajuste busca que los recursos evolucionen en coherencia con la economía del país y no solo con el costo de bienes básicos como alimentos o servicios públicos.
“Este es un nuevo modelo que prioriza el financiamiento a la oferta, el fortalecimiento de la capacidad instalada y la sostenibilidad a largo plazo de las instituciones”, señalaron desde la cartera educativa. Con esta fórmula, el Gobierno espera garantizar mayor estabilidad financiera para las universidades públicas.
Más recursos para universidades públicas y formación docente
La reforma permitirá un aumento significativo de los recursos destinados a la educación superior pública. Estos fondos estarán orientados a fortalecer la investigación, modernizar laboratorios, invertir en tecnología, mejorar la infraestructura y garantizar mejores salarios para los docentes.
Uno de los objetivos es reducir el déficit histórico de profesores en las instituciones públicas. Con mayores recursos, se espera la contratación de más docentes y el mejoramiento de sus condiciones laborales, lo que impactaría directamente en la calidad educativa.
Ampliación de la cobertura en educación superior
Otro punto clave de la modificación a la Ley 30 es la ampliación de la cobertura. Con el nuevo esquema, el sistema pasará de 32 a 67 instituciones públicas vinculadas, lo que permitirá que más jóvenes accedan a programas técnicos, tecnológicos y universitarios, especialmente en regiones donde la oferta educativa ha sido limitada.
Desde el Gobierno aseguran que esta expansión contribuirá a cerrar brechas territoriales y sociales, facilitando el acceso a la educación superior sin necesidad de migrar a las grandes ciudades.
Presupuesto y metas a largo plazo para la educación superior
En términos presupuestales, el Ministerio de Educación informó que las transferencias del Estado a las universidades públicas pasaron de 5,5 billones de pesos al inicio del actual gobierno a cerca de 12 billones en 2025. Para 2026, el presupuesto proyectado superaría los 13,3 billones de pesos, lo que representa un aumento del 104 % frente a los recursos de funcionamiento de 2022.
Con la reforma ya vigente, se estima que en 2027 el sistema reciba cerca de un billón de pesos adicionales. A largo plazo, el Gobierno se trazó la meta de invertir el 1 % del PIB en educación superior pública, con el propósito de cerrar la brecha frente a otros países de la región y consolidar un sistema educativo más equitativo y sostenible.