La abogada Cielo Rusinque, quien volvería en los próximos días a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), aseguró que su eventual nuevo nombramiento no representa una burla a la justicia, pese a que el Consejo de Estado había anulado previamente su designación.
“No es una burla a la justicia”: Rusinque responde a críticas
A través de un video publicado en sus redes sociales, Rusinque defendió la decisión del Gobierno y cuestionó el actuar del alto tribunal.
“Esta no es una burla a la justicia y menos cuando es la misma justicia la que no pareciera obrar bajo el estricto apego al imperio de la ley y del derecho”, afirmó. Lea: Corte niega pensión pese a matrimonio y lanza fuerte advertencia
La polémica surge luego de que su hoja de vida fuera publicada nuevamente en la página de la Presidencia como aspirante al cargo, lo que anticipa su regreso a la entidad.
El fallo que anuló su nombramiento
Rusinque había renunciado al cargo el pasado 19 de marzo, el mismo día en que se conoció la decisión del Consejo de Estado que declaró nulo su nombramiento como superintendente.
El tribunal determinó que no cumplía con los requisitos exigidos para ocupar el cargo bajo la normativa vigente en ese momento.
Nuevo decreto y cambio en los requisitos
Sin embargo, semanas antes de ese fallo, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0226, que modificó los requisitos para ocupar el cargo en varias superintendencias, incluyendo la SIC.
Según Rusinque, este cambio normativo no fue hecho a su medida, sino en cumplimiento de otro fallo del Consejo de Estado que había dejado sin efecto los requisitos anteriores.
“Se acató el fallo, pero hoy existe un nuevo decreto. Y bajo ese marco cumplo plenamente los requisitos”, explicó.
Debate jurídico y político
La posible nueva designación ha generado debate en distintos sectores, que cuestionan si el cambio en los requisitos favorece directamente su regreso al cargo.
Frente a esto, Rusinque planteó que la discusión trasciende su caso personal:
“Lo que está en juego no es si una persona cumple o no los requisitos, sino si la Constitución sirve para abrir la democracia o para custodiar a los privilegiados de siempre”.
El caso se mantiene en el centro del debate jurídico y político, en medio de cuestionamientos sobre la relación entre decisiones judiciales y ajustes normativos del Gobierno.