Curiosidad ha causado la solicitud remitida por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a la Presidencia y a la Mesa Directiva del Senado de la República en la que un ciudadano pide pronunciamiento sobre si el senador electo, Wadith Manzur Imbett, quien hoy se encuentra recluido en la Escuela de Carabineros con medida de aseguramiento privada de la libertad, puede tomar posesión de su curul este 20 de julio para el periodo constitucional 2026 – 2030.
El ciudadano a quien se hace referencia es Francisco Javier Araujo Morelos, quien presentó ante la Sala Especial de Instrucción un derecho de petición en el que planteó dos preguntas al alto tribunal: si existe garantía de que Manzur Imbett pueda materializar el acto de posesión como senador el 20 de julio, y si la medida de aseguramiento preventiva implica la imposibilidad absoluta de ejercer el mandato representativo derivado del voto popular.
En su solicitud, Araujo Morelos argumentó que, aunque las medidas de aseguramiento sean constitucionalmente legítimas, “no pueden traducirse en la anulación total del contenido esencial de los derechos políticos”, lo que sobrevendría, en su criterio, a la prohibición absoluta de posesionarse.
Sin respuesta de la Corte Suprema
La Sala respondió que no emitirá pronunciamiento sobre los puntos planteados por el ciudadano, pero que, en consideración a que la solicitud contempla asuntos referidos a la posesión de congresistas electos para el nuevo periodo, trasladó la petición al Senado para que sea esa corporación la que se pronuncie.
El magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos firmó el auto del 27 de marzo de 2026, mediante el cual se ordenó esa remisión. El oficio fue dirigido al presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay.
La Corte Suprema dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Manzur Imbett el 11 de marzo de 2026 al concluir que el senador electo presuntamente negoció sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) a cambio de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Apenas ocho días después de la decisión de la Corte, el 19 de marzo, el senador conservador fue trasladado de manera definitiva al complejo adscrito a la Escuela de Carabineros, vinculado a La Picota, donde permanece recluido. Le podría interesar: Investigación por ‘Calarcá’: Fiscalía confirma correos y abre indagación
Caso de corrupción en la UNRGD
El proceso que mantiene privado de la libertad a Manzur se enmarca en el entramado de corrupción destapado alrededor de la Ungrd, que le habría costado al erario cerca de $92.000 millones de pesos, originados en sobrecostos de los carrotanques para La Guajira.
La Corte concluyó, tras recaudar pruebas documentales y testimoniales, que “en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de los créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos” ubicados en Córdoba, Arauca y Bolívar, con los que representantes del gobierno Petro habrían comprometido la función legislativa de los parlamentarios procesados.
El caso mantiene también privados de la libertad a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, señalado por la Corte como autor intelectual de la red, desde finales de 2025.
Pese a la medida de aseguramiento vigente al momento de los comicios del 8 de marzo de 2026, Manzur logró 134.914 votos, lo que lo posicionó como el séptimo candidato más votado del país y el tercero del Partido Conservador, con lo que obtuvo su curul en el Senado para el periodo 2026-2030.