Una demanda admitida para estudio por la Corte Constitucional, que propone ampliar la licencia de maternidad en Colombia, abrió un debate clave sobre los derechos de las madres trabajadoras y el bienestar de los recién nacidos.
La acción de inconstitucionalidad está dirigida contra un apartado del Artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, que actualmente establece una licencia de maternidad de 18 semanas. Los demandantes buscan que este periodo se extienda a 24 semanas, es decir, cerca de seis meses, alineándolo con estándares internacionales en salud infantil.
Entre los principales argumentos jurídicos se destaca la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que aconseja la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Según la demanda, el tiempo actual obliga a muchas madres a interrumpir este proceso para reincorporarse a sus labores, lo que podría afectar tanto la salud del bebé como el vínculo temprano entre madre e hijo.
¿Por qué buscan ampliar la licencia de maternidad en Colombia?
La demanda sostiene que el periodo vigente resulta insuficiente para garantizar el desarrollo físico y emocional del recién nacido. En ese sentido, se argumenta que una licencia más corta podría vulnerar derechos fundamentales de los niños, como recibir cuidado directo en una etapa considerada crítica para su crecimiento.
Asimismo, el recurso plantea que extender este beneficio laboral permitiría fortalecer la protección integral de la primera infancia, un enfoque respaldado por distintos organismos internacionales. Los demandantes consideran que Colombia debería ajustar su legislación a estas recomendaciones para asegurar mejores condiciones tanto para las madres como para sus hijos.
Actualmente, la normativa también contempla la licencia de paternidad, que es de dos semanas. Sin embargo, existe la posibilidad de que la madre transfiera hasta seis semanas al padre, aunque las primeras 12 semanas son intransferibles debido a su importancia en el cuidado inicial del bebé.
La decisión final quedará en manos de la Corte Constitucional, que deberá evaluar si el marco legal vigente se ajusta a los principios de protección a la maternidad, la infancia y el trabajo digno en el país. De prosperar la demanda, Colombia daría un paso relevante en materia de derechos laborales y bienestar familiar.