La Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) advirtieron sobre un preocupante incremento del confinamiento en el país, una dinámica que está afectando con mayor severidad a comunidades vulnerables en medio de la intensificación del conflicto armado.
Entre enero y marzo de 2026, más de 39.000 personas se vieron obligadas a permanecer confinadas para salvaguardar sus vidas. La cifra representa un aumento del 63 % frente al mismo periodo de 2025, mientras que el número de eventos creció un 23 %, reflejando un deterioro sostenido de las condiciones humanitarias.
El fenómeno no es nuevo, pero sí más agudo. Durante todo 2025, más de 128.000 personas resultaron afectadas por confinamientos, lo que significó un incremento superior al 19 % en comparación con 2024, cuando se registraron más de 107.000 víctimas de esta situación.
“Una proporción significativa de los eventos de confinamiento afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes”, explicó la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, quien subrayó que estos territorios enfrentan mayores niveles de aislamiento y precariedad institucional, factores que profundizan el riesgo humanitario. Lea: Gustavo Petro evalúa romper diálogos de paz con disidencias de alias ‘Calarcá’
¿Por qué está aumentando el confinamiento en Colombia?
El recrudecimiento del conflicto armado, junto con la fragmentación de actores ilegales, ha derivado en mayores restricciones a la movilidad de la población civil. Estas limitaciones no solo dificultan la vida cotidiana, sino que pueden prolongarse durante semanas o incluso meses.
En 2025, los departamentos más afectados fueron Norte de Santander, Chocó, Antioquia, Bolívar, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. En lo corrido de 2026, el impacto se concentra en Cauca, Chocó, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Putumayo, Magdalena, Meta y Guainía.
Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes continúan siendo los más golpeados. De los 26 eventos documentados en el primer trimestre de 2026, 17 afectaron a comunidades étnicas, mientras que 9 impactaron a poblaciones campesinas. Le puede interesar: Colombia roza a Haití en lista de inseguridad alimentaria: cifras alarmantes
El confinamiento compromete la supervivencia de comunidades enteras. Además de limitar la movilidad, afecta su relación con el territorio, interrumpe prácticas ancestrales y restringe el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, la alimentación y la vivienda.
A través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría ha identificado patrones reiterados de control territorial y restricciones a la libre locomoción. La entidad ha insistido en la necesidad de acciones urgentes por parte de las autoridades para prevenir estos riesgos y proteger a la población civil.
Para las comunidades afectadas, resulta clave adelantar la toma de declaraciones y su inclusión en el Registro Único de Víctimas, así como activar rutas de atención, restablecimiento de derechos y procesos de reparación.
El confinamiento fue reconocido como hecho victimizante en 2016, y su alcance fue precisado posteriormente con la Ley 2124 de 2024. A esto se suma el Decreto 525 de 2025, que busca fortalecer la respuesta humanitaria y mejorar la coordinación institucional.
“Estamos frente a un tema que está aumentando, que necesita ser conceptualizado de manera más clara para poder tener acciones contundentes”, señaló el representante de Acnur en Colombia, Giovanni Lepri, quien advirtió sobre los desafíos en prevención, atención integral y acceso humanitario.
La Defensoría concluyó que, aunque existen esfuerzos institucionales, la respuesta sigue siendo “insuficiente, fragmentada y en muchos casos tardía”, especialmente en zonas rurales donde este fenómeno se presenta con mayor frecuencia.