La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al excanciller Álvaro Leyva Durán como presunto responsable del delito de “prevaricato por acción” por su actuación en la fallida licitación para la expedición de pasaportes en 2023, un caso que desató una crisis institucional en el Gobierno del presidente Gustavo Petro y provocó su salida del cargo.
Según la Fiscalía, Leyva ordenó la expedición de tres actos administrativos presuntamente contrarios a la ley con el fin de obstaculizar la licitación que buscaba adjudicar un contrato por 559.000 millones de pesos (unos 140 millones de dólares) para la elaboración y entrega de libretas hasta julio de 2026.
“El comité evaluador había recomendado adjudicar el contrato a una unión temporal encabezada por la empresa Thomas Greg & Sons, que cumplía con los requisitos exigidos. Sin embargo, el 13 de septiembre de 2023 el entonces canciller declaró desierta la licitación al argumentar que existía un único oferente”, según la investigación. Lea: Pasaportes: Agencia Nacional de Defensa Jurídica alerta riesgo de $1,3 billones
Posteriormente, indica la Fiscalía, tras rechazar un recurso de reposición presentado por el proponente, Leyva declaró la urgencia manifiesta, lo que permitió la contratación directa del servicio con la misma empresa sin proceso licitatorio.
El pasado 8 de abril la Fiscalía llamó a juicio al exfuncionario por este caso que generó una fuerte controversia jurídica y administrativa sobre el modelo de expedición de pasaportes en Colombia, que derivó también en la salida de la entonces canciller Laura Sarabia, que sucedió a Leyva, y en una disputa con Thomas Greg & Sons, empresa que demandó al Estado.
La Procuraduría inhabilitó a Álvaro Leyva inhabilitado por 10 años
Por estos mismos hechos, la Procuraduría (Ministerio Público) destituyó e inhabilitó a Leyva por 10 años para ejercer cargos públicos, sanción que fue confirmada en 2025.
Actualmente, el Gobierno colombiano lleva a cabo la transición hacia un modelo estatal de expedición de pasaportes mediante un convenio entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, mientras mantiene prórrogas con el operador privado para evitar interrupciones en el servicio.