La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervino en el proceso que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y solicitó no decretar medidas cautelares contra el acuerdo firmado con Portugal para la expedición de los nuevos pasaportes.
Según la entidad, suspender la ejecución del convenio podría desencadenar un litigio internacional de alto impacto económico para el país.
Piden frenar medidas cautelares en demanda por pasaportes: riesgo de demanda por hasta $1,3 billones
En su pronunciamiento, la Agencia advirtió que una eventual suspensión del contrato podría derivar en un proceso arbitral contra Colombia por parte de la Imprensa Nacional - Casa da Moeda, aliada del proyecto.
De materializarse este escenario, el país enfrentaría reclamaciones que podrían ascender hasta $1,3 billones, en el marco de un posible arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.
Convenio busca garantizar producción de pasaportes
El acuerdo cuestionado corresponde al Convenio Interadministrativo Específico No. 001 de 2025, suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la firma portuguesa.
El objetivo es implementar un nuevo modelo para la producción y personalización de pasaportes en el país, con transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades locales.
Demanda busca anular el acuerdo
El proceso judicial fue promovido por el abogado Nicolás Dupont, quien solicita tumbar el convenio al considerar que excluyó al sector privado mediante un esquema interadministrativo entre el Estado colombiano y sus entidades.
La demanda examina la legalidad del contrato suscrito a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Impacto en operación y recursos públicos
La Agencia señaló que una suspensión afectaría directamente la implementación del nuevo sistema, al impedir:
- La capacitación y transferencia de conocimiento desde Portugal
- La entrega de equipos y tecnología para la personalización de documentos
- La adecuación de infraestructura para el control de calidad
Además, advirtió que se comprometería la ejecución de recursos públicos, estimados en 255 millones de euros, y se pondría en riesgo el cumplimiento de obligaciones financieras del Estado.
Llamado a garantizar continuidad del proyecto
Finalmente, la entidad insistió en que negar las medidas cautelares permitiría mantener en marcha el proceso de modernización del sistema de pasaportes y evitar contingencias jurídicas y económicas para Colombia.
La decisión ahora queda en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá definir si suspende o no la ejecución del convenio mientras avanza el proceso judicial.