La defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó una advertencia al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales tras los recientes ataques con explosivos en el Valle del Cauca, e insistió en la necesidad de atender las alertas tempranas vigentes para evitar una mayor escalada de violencia.
Defensoría del Pueblo alerta por escalada de violencia en Valle del Cauca tras ataques con explosivos
A través de su cuenta en X, la funcionaria calificó como “muy preocupante” la situación de orden público en el departamento y señaló que estos hechos ya habían sido advertidos en análisis previos de la entidad.
“Las alertas vigentes en los que se enmarcan estos hechos son de los últimos dos años. No se trata solo de la respuesta de la Fuerza Pública (…) hace falta una aproximación integral de prevención”, afirmó.
En ese sentido, insistió en que la respuesta institucional no puede limitarse a acciones reactivas, sino que debe incluir medidas estructurales en seguridad, justicia y desarrollo territorial.

Ataques recientes en Cali y Palmira
La advertencia se produce tras los atentados ocurridos el 24 de abril en el suroccidente del país. En Cali, un vehículo con cilindros explosivos fue abandonado cerca del Cantón Militar Pichincha, dejando tres personas lesionadas y daños en viviendas aledañas.
Horas después, en Palmira, se registró otro ataque contra el Batallón de Ingenieros N.° 3, que afectó infraestructura y generó riesgo para la población, sin reporte de víctimas.
Nuevas amenazas en el Cauca
A estos hechos se suman otros incidentes en el departamento del Cauca. Entre ellos:
- La detección de un dron con explosivos en el Cantón Militar José Hilario López, en Popayán.
- Un ataque al sistema de radar en El Tambo, que dejó fuera de servicio esta infraestructura estratégica.
Estos eventos evidencian un patrón de acciones coordinadas contra instalaciones militares y puntos estratégicos en la región.

Señalamientos a grupo armado residual
De manera preliminar, las autoridades han señalado al grupo armado residual Jaime Martínez como posible responsable de al menos dos de los ataques, mientras continúan las investigaciones.
Entre tanto, se mantienen operativos de seguridad reforzados en el suroccidente del país para contener la situación.
Llamado a una respuesta integral
La defensora del Pueblo reiteró la necesidad de implementar una estrategia integral que combine acciones de seguridad con políticas de prevención y desarrollo.
“Si queremos reversar esta situación, es necesaria la atención oportuna de las recomendaciones (…) desde una mirada de prevención estructural y no solo reactiva”, concluyó.
La advertencia se suma a las crecientes preocupaciones por el deterioro del orden público en la región, en medio de una serie de ataques que han puesto en riesgo tanto a la fuerza pública como a la población civil.

