En un fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que varios de los actos de terrorismo y vandalismo registrados durante el ‘estallido social’ de 2021 en la capital de Colombia no fueron hechos aislados ni espontáneos, sino que habrían estado coordinados por estructuras organizadas, presuntamente vinculadas a células de las Farc en la ciudad.
La decisión del alto tribunal plantea nuevos elementos que, según señala, modifican la interpretación de varios de los episodios violentos ocurridos en medio de las jornadas de protesta. De acuerdo con la Sala Penal, tras revisar interceptaciones, testimonios, seguimientos y otras pruebas incorporadas al expediente, se determinó que parte de los disturbios no respondieron únicamente a la dinámica de manifestaciones ciudadanas.
Para los magistrados, existió una estructura organizada detrás de algunos de los hechos que afectaron la movilidad, el comercio y la seguridad en distintos puntos de Bogotá. En ese sentido, el fallo sostiene que habría existido una planificación previa, con coordinación entre los participantes y una distribución de funciones en el desarrollo de las acciones investigadas.
Así mismo, la providencia indica que algunos de los procesados habrían actuado en articulación con actores armados ilegales, manteniendo contactos permanentes y siguiendo instrucciones específicas antes y durante los hechos.
La decisión, conocida recientemente y citada por el El Tiempo, ya ha generado reacciones en sectores políticos, jurídicos y académicos, debido a su alcance y a las implicaciones que podría tener en la lectura de lo ocurrido durante el estallido social en Bogotá.
Fallo sobre estallido social revela coordinación, chats y cadena de mando
Tras analizar interceptaciones, chats, testimonios y seguimientos, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que varios disturbios respondieron a una planificación previa, con instrucciones específicas, distribución de roles y una cadena de mando definida. Según la investigación, algunos de los implicados mantenían comunicación con integrantes del Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez y participaban en una red que operaba tanto de manera presencial como a través de plataformas digitales.
El tribunal también identificó que, mediante grupos de mensajería como WhatsApp, se coordinaban acciones en corredores estratégicos de Bogotá, incluyendo bloqueos, ataques a bienes públicos y afectaciones a la movilidad y el comercio. Además, se evidenció un proceso de reclutamiento para ampliar la red, incluso en entornos universitarios.
Como resultado del proceso, tres de los principales implicados fueron condenados a 19 años de prisión por delitos como terrorismo y concierto para delinquir, mientras que una cuarta persona recibió una pena de 10 años. La sentencia también impuso multas superiores a los 1.000 millones de pesos por los daños causados.