Los bienes que durante años estuvieron en poder de estructuras criminales empezarán a convertirse en herramientas para la reparación de víctimas del conflicto armado en Nariño.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Gobernación de Nariño una vivienda ubicada en Pasto, inmueble que será destinado a procesos restaurativos y al cumplimiento de sanciones impuestas dentro del sistema de justicia transicional.
La propiedad fue recuperada por el Estado mediante procesos de extinción de dominio adelantados contra mafias. Desde ahora, la administración departamental asumirá la operación logística del lugar, mientras que la JEP tendrá la responsabilidad de definir el uso definitivo del espacio tras concertaciones con víctimas, autoridades étnicas y comparecientes. Lea: JEP llamó a ex-Farc del Bloque Caribe a reconocer crímenes en Bolívar
El inmueble beneficiará principalmente a las comunidades acreditadas en el Caso 02 de la JEP, investigación que analiza las graves afectaciones sufridas en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas por cuenta del conflicto armado. Según el tribunal, en esos municipios se han documentado más de 3.000 hechos victimizantes relacionados con acciones atribuidas a exintegrantes de las FARC y miembros de la fuerza pública.
Las investigaciones señalan que campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes y población diversa fueron algunos de los sectores más golpeados por los crímenes de guerra y de lesa humanidad registrados en esa región del suroccidente colombiano.
Casa servirá para proyectos restaurativos en Nariño
El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, explicó que la jurisdicción escuchará las propuestas de las organizaciones de víctimas para adecuar el inmueble a las necesidades de las comunidades. De acuerdo con el togado, ya existen iniciativas planteadas por nueve organizaciones acreditadas dentro del proceso.
Entre las propuestas se encuentran la creación de refugios destinados a mujeres víctimas de violencia y espacios de formación para personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
La propiedad también será utilizada para desarrollar trabajos restaurativos por parte de los responsables que comparecen ante la JEP. Estas actividades hacen parte de las denominadas “sanciones propias”, mecanismos alternativos a las penas privativas de la libertad que contempla la justicia transicional para quienes reconocen responsabilidad y aportan verdad plena.
Actualmente, las personas vinculadas al Caso 02 atraviesan la fase de reconocimiento público de responsabilidad. En medio de ese escenario, la magistrada Belkis Izquierdo afirmó que este tipo de articulaciones institucionales son fundamentales para fortalecer la confianza de las comunidades en el sistema de justicia en Nariño.
El siguiente paso quedará en manos de la Gobernación departamental, liderada por Luis Alfonso Escobar, cuya administración deberá garantizar las condiciones necesarias para la puesta en marcha de los proyectos restaurativos y el mantenimiento del inmueble entregado por la SAE.