La Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de cargos contra ocho personas que serían presuntamente responsables de integrar una estructura dedicada al ingreso de mercancías de contrabando al país y al lavado de activos, en un caso relacionado con la cadena de almacenes Lili Pink.
De acuerdo con el ente investigador, los procesados son Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. Lea: Piden desalojar tiendas de Lili Pink en centros comerciales
Las investigaciones indican que la organización habría utilizado un esquema para introducir al territorio nacional prendas de vestir femeninas, accesorios, juguetes y productos cosméticos provenientes del exterior.

Según los hallazgos de la Fiscalía, las operaciones irregulares habrían permitido el lavado de aproximadamente 730.000 millones de pesos y el ingreso de mercancía de contrabando valorada en más de 75.000 millones de pesos.
Los señalados deberán comparecer a una audiencia programada para el próximo 24 de junio, en la que la Fiscalía les formulará cargos por los delitos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Fiscalía imputará cargos por contrabando y lavado de activos
Dentro del expediente figuran Max Abadi y su hijo David Abadi, reconocidos por haber fundado la marca Lili Pink en 2006 en el barrio Toberín, en Bogotá. Posteriormente, en 2015, la compañía pasó a formar parte del holding panameño Lili Brands y continuó operando bajo la franquicia Fast Moda S.A.S.

Tras conocerse las actuaciones judiciales, la empresa manifestó en su momento que atendería los requerimientos de las autoridades competentes y colaboraría con las investigaciones, con el propósito de proteger la marca mientras avanzan los procesos correspondientes.
La audiencia de imputación será uno de los primeros pasos dentro de la actuación penal que adelantan las autoridades para determinar las responsabilidades individuales de los presuntos integrantes de la red investigada.

