Hay preocupación por la violencia que ha vuelto a golpear con fuerza a la región del Catatumbo y desencadenado una grave situación humanitaria en el municipio de El Tarra. De auerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, cientos de personas han tenido que abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, para proteger sus vidas ante el recrudecimiento del conflicto armado.
La situación se agravó durante los últimos días, luego de que se intensificaran los ataques y bombardeos en la zona rural del municipio. Comunidades campesinas e indígenas quedaron atrapadas en medio de las hostilidades, lo que provocó un nuevo desplazamiento masivo y encendió las alarmas de las autoridades humanitarias.
¿Cuántas familias han sido desplazadas por la violencia en El Tarra?
La Defensoría del Pueblo confirmó que al menos 293 familias, equivalentes a 784 personas, se han visto obligadas a abandonar sus territorios debido a la escalada de la violencia en el norte de El Tarra.
Según la entidad, los afectados provienen de las veredas Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo, todas ubicadas en el área rural del municipio.
Ante la gravedad de los hechos, la Defensoría expresó su preocupación por el deterioro de las condiciones humanitarias en la región. “Expresamos nuestra profunda preocupación por la agudización de la situación humanitaria en la región del Catatumbo, donde continúan registrándose hechos de violencia que están generando nuevos desplazamientos masivos y aumentando los riesgos para la población civil”, señaló la entidad mediante un comunicado.
A la crisis por desplazamiento se suman denuncias sobre homicidios, secuestros y ataques con drones cargados con explosivos, una práctica que ha incrementado el temor entre los habitantes de la región. Líderes sociales y defensores de derechos humanos reportaron que un grupo armado asesinó a dos personas y secuestró a varios ciudadanos, cuyo paradero aún es desconocido.
Uno de los hechos más graves ocurrió recientemente en una zona rural de El Tarra, donde la detonación de un dron con explosivos causó la muerte de un adulto mayor y dejó varias personas heridas. Sin embargo, las dificultades de acceso y comunicación en el territorio han impedido establecer con precisión el alcance total de la emergencia.
De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, la violencia también afecta a sectores como Filogringo y municipios como Tibú. Estas organizaciones han documentado más de 70 ataques contra la población y la fuerza pública, con un saldo superior a 20 personas fallecidas.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a los grupos armados para que respeten a la población civil y acaten las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Asimismo, solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales brindar atención inmediata a las familias desplazadas.
“Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para garantizar atención humanitaria integral e inmediata a las familias desplazadas, así como para fortalecer las acciones de prevención y protección en el territorio. Además, instamos a que se activen los espacios de articulación y coordinación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas”, puntualizó la entidad.
A esta solicitud se han sumado organizaciones sociales y autoridades locales del Catatumbo, que exigen un cese de hostilidades y el respeto estricto al DIH, con el fin de evitar que más familias resulten afectadas por una crisis que continúa profundizándose.