Las pollas deportivas reaparecen en oficinas, grupos de amigos, chats familiares y reuniones sociales cada vez que se acerca un gran torneo de fútbol. Sin embargo, lo que para muchos es una tradición inofensiva para poner a prueba sus pronósticos deportivos, también puede generar dudas sobre su legalidad en Colombia.
Aunque estas apuestas informales suelen desarrollarse sin inconvenientes, expertos en derecho advierten que existen límites legales que no deben ignorarse. Dependiendo de la forma en que se organicen, algunas pollas podrían incluso derivar en sanciones o investigaciones judiciales.
La legislación colombiana establece que los juegos de suerte y azar constituyen un monopolio rentístico del Estado, regulado por la Ley 643 de 2001. En términos prácticos, esto significa que cualquier actividad basada en el azar que implique la recolección de dinero para repartir premios requiere autorización estatal para operar legalmente. Lea además: Calendario completo del Mundial 2026: los 104 partidos, fechas, sedes y horarios
Sin embargo, las tradicionales pollas deportivas entre amigos o compañeros de trabajo suelen ubicarse en una zona gris jurídica, especialmente cuando se realizan de manera privada y sin fines comerciales.
¿Cuándo una polla deportiva puede ser ilegal en Colombia?
Según explicó Miguel Eduardo González, experto en derecho penal, al diario El Colombiano, la legislación no fija un monto máximo de dinero ni un número determinado de participantes para establecer cuándo una polla deportiva deja de ser una actividad informal y pasa a ser ilegal.
“El elemento determinante no es cuánto dinero se recauda, sino la forma en que se organiza la actividad”, señaló el especialista al citado medio. De acuerdo con su análisis, el riesgo jurídico aparece cuando existe una estructura organizada destinada a explotar el juego sin la autorización correspondiente del Estado.
Por el contrario, las apuestas realizadas entre amigos, familiares o compañeros de trabajo generalmente no son objeto de control por parte de las autoridades, siempre que permanezcan dentro de un círculo cerrado y no persigan fines comerciales.
Los expertos recomiendan cumplir con algunas condiciones para reducir riesgos legales:
- No obtener ganancias personales por organizar la polla.
- No cobrar comisiones por administrar el dinero.
- No promocionar la actividad públicamente.
- Evitar que se convierta en una actividad permanente o comercial.
- Limitar la participación a grupos privados y cerrados.
González indica que la situación cambia cuando aparecen factores como la captación masiva de participantes, la difusión en redes sociales o la administración recurrente de recursos con fines lucrativos.
Riesgos penales y laborales que pueden surgir
Más allá de la regulación de los juegos de azar, las pollas deportivas pueden generar otras consecuencias legales. Si el organizador engaña a los participantes y se apropia del dinero recaudado, podría configurarse un delito de estafa. Asimismo, si estas dinámicas son utilizadas para ocultar recursos de origen ilícito, las autoridades podrían iniciar investigaciones por lavado de activos.
En el ámbito laboral también existen restricciones. Así lo indican los artículos 59 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo prohíben la realización de rifas, suscripciones y juegos de azar dentro de los espacios laborales, tanto para los trabajadores como para los empleadores que las permitan.
Aunque las sanciones por este tipo de conductas no son frecuentes, el Ministerio del Trabajo conserva la facultad de intervenir cuando existan pruebas de que una empresa promovió o toleró estas actividades.
Además, si la organización de una polla genera conflictos internos, afecta el ambiente laboral o involucra conductas fraudulentas, la compañía puede imponer medidas disciplinarias. En casos graves, incluso podría considerarse la terminación del contrato de trabajo, ya que los actos inmorales o delictivos cometidos en el lugar de trabajo constituyen una justa causa de despido según la legislación colombiana.