“Quienes sufren en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla”, Joseph Stiglitz.
La seguridad energética constituye uno de los pilares para la estabilidad económica, la competitividad empresarial y el bienestar social de cualquier nación. En el caso colombiano, diversos indicadores sugieren la creciente probabilidad de enfrentar, en un horizonte relativamente cercano, restricciones tanto en el suministro de energía eléctrica como de gas natural. El fantasma del apagón nos vuelve a rondar.
Según el reporte de XM, el pico de demanda de energía que se está registrando, debido a la elevadas temperaturas, es de 261.9 GWHD, que contrasta con la Oferta de Energía Firme (OEF), que solo alcanzaría a cubrir hasta el 90%. Tanto más en cuanto con la demanda de energía está disparada, según el más reciente reporte, el de mayo, la demanda creció en promedio a nivel nacional el 8,8% y en la región Caribe, en particular, el 13,3% (¡!). La conclusión es preocupante, porque en condiciones de hidrología crítica, bajo aporte a los embalses, como los que se esperan con el Super Niño y sin llegar el nivel de estos al 80% solicitado por XM, le daría la razón al ministro Palma cuando habló de la inminencia del racionamiento.
Lo propio está sucediendo con el gas natural. Como es bien sabido, desde diciembre de 2024 se están importando volúmenes crecientes del mismo para cubrir el déficit que acusa la producción doméstica, que se ha reducido hasta los 789 MMPCD en contraste con la demanda de 1.000 MMCD y así garantizar el cubrimiento de la demanda esencial. A estas alturas los volúmenes de gas importado participan con el 32% de la oferta y se prevé que hacia el 2029 llegue hasta el 56% y solo hacia el 2030 se aspira que se atenúe con la entrada del gas de SIRUS.
La simultaneidad de estos riesgos reviste especial gravedad debido a la estrecha interdependencia entre ambos sectores. Una eventual falta de disponibilidad de gas natural comprometería la capacidad de generación de las plantas termoeléctricas llamadas a respaldar el sistema durante episodios de baja hidrología. Y a ello estamos abocados debido a las limitaciones en la capacidad de importar los crecientes volúmenes requeridos, ya que la única regasificadora con la que se cuenta está operando al límite de su capacidad.
De allí la urgencia de que el Gobierno nacional se ponga al día con el giro de los más de $2 billones que le adeuda a las empresas comercializadoras de energía por concepto de los subsidios al consumo de energía de los estratos 1, 2 y 3 causados. Como también la imperiosa necesidad de que la Superintendencia salga de su marasmo, de su negligencia y falta de diligencia para solventar, inyectarle liquidez y facilitarle el flujo de caja a la intervenida Air-e, en lugar anuncios pirotécnicos como el del presidente Gustavo Petro de su liquidación. De darse, sería un salto al vacío y resultaría peor el remedio que la enfermedad: se estaría poniendo conejo a sus acreedores, especialmente a las empresas generadoras, ya que así como la intervención con fines de administración en septiembre de 2024 tuvo un efecto suspensivo sobre sus obligaciones que sobrepasaban los $500.000 millones, esta vez se repetiría, con el agravante de que ahora la deuda acumulada desde que la Superintendencia tomó posesión de la misma es cinco veces mayor, $2.5 billones.