A pocas semanas del inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, distintas organizaciones de la sociedad civil comenzaron a fijar posiciones frente a los retos que enfrentará la nueva administración. Una de las primeras en pronunciarse fue Oxfam Colombia, que lanzó un llamado público para que el próximo cuatrienio no represente retrocesos en materia de derechos humanos, igualdad de género y participación ciudadana.
Este miércoles, 24 de junio, la organización internacional expresó su preocupación por el rumbo que podrían tomar algunas políticas públicas y planteó una serie de recomendaciones dirigidas al mandatario entrante. Según indicó, el país enfrenta “importantes desafíos sociales, económicos, ambientales y territoriales” que requieren respuestas integrales y una gestión basada en la protección de derechos.
Entre las solicitudes más destacadas, Oxfam pidió garantizar un “espacio cívico seguro, plural y democrático”, donde se respeten plenamente la libertad de expresión, la movilización social y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
#Comunicado Colombia eligió nuevo presidente. Desde Oxfam Colombia creemos que este es el momento de fortalecer los derechos de todas las personas, especialmente las más excluidas.
— Oxfam Colombia (@OxfamColombia) June 24, 2026
🌿Le pedimos al gobierno entrante que la desigualdad sea una prioridad en su agenda. pic.twitter.com/lRT4yWyV4x
¿Qué le pidió Oxfam al gobierno de Abelardo de la Espriella?
La organización enfatizó la necesidad de fortalecer la protección de quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente. En ese sentido, recordó la importancia de aplicar los principios contemplados en el Acuerdo de Escazú y aseguró que líderes sociales, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas deben poder participar “de manera libre y segura” en las decisiones que afectan sus territorios.
En el ámbito económico, Oxfam cuestionó los “privilegios fiscales” que, según su análisis, favorecen a quienes concentran una mayor cantidad de recursos. Por ello, propuso avanzar hacia una “distribución más justa de la riqueza”, mediante el fortalecimiento de la inversión social, el financiamiento de servicios públicos de calidad y la ampliación de los sistemas de protección para sectores históricamente excluidos.
La transición energética también ocupó un lugar central en el pronunciamiento. La organización sostuvo que la diversificación económica y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles deben realizarse con “respeto de los derechos humanos y ambientales”, garantizando la participación efectiva de las comunidades y el cumplimiento de mecanismos como la consulta previa, libre e informada.
Uno de los apartados más enfáticos estuvo relacionado con los derechos de las mujeres. Oxfam instó al nuevo gobierno a “no retroceder en los avances que hemos conseguido en materia de derechos y libertades para una vida libre de violencias”, además de promover el reconocimiento de la diversidad y fortalecer la participación política femenina.
Finalmente, la organización reiteró la necesidad de “promover soluciones pacíficas” frente al conflicto armado y avanzar en respuestas integrales ante la crisis climática y humanitaria. El pronunciamiento se suma a las primeras muestras de tensión entre sectores de la sociedad civil y la administración entrante, cuyo programa ha despertado inquietudes en grupos que defienden la equidad de género y la protección ambiental.