El nuevo día festivo que fue incorporado al calendario colombiano para este 2026 enfrenta su primer reto jurídico. La norma que estableció el 9 de julio como jornada de descanso obligatorio para conmemorar el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá fue demandada ante la Corte Constitucional por un ciudadano que considera que la medida vulnera varios principios de la Constitución.
La festividad fue creada mediante la Ley 2578 de 2026, sancionada por el Gobierno nacional luego de superar el trámite legislativo en el Congreso de la República. Con esta disposición, el país tendría por primera vez una jornada festiva dedicada a esta celebración religiosa. Lea: Nuevo día festivo en Colombia: Petro sanciona ley en honor a una virgen, esta es la fecha
Sin embargo, el futuro de la norma quedó bajo revisión luego de que una acción pública de inconstitucionalidad fuera radicada ante el alto tribunal el pasado 9 de junio.
Cuestionan la constitucionalidad del nuevo festivo
De acuerdo con la demanda presentada por un ciudadano identificado como R. Ospina, la creación de este día festivo presenta presuntas incompatibilidades con la Constitución Política de 1991.
Uno de los principales argumentos expuestos señala que la medida podría afectar el principio de neutralidad religiosa del Estado colombiano. Según el demandante, establecer un día de descanso obligatorio para honrar una figura específica de la religión católica implicaría un trato preferencial hacia una creencia particular, lo que, a su juicio, desconoce el carácter laico del Estado y podría generar una situación de desigualdad frente a otras confesiones religiosas o personas sin afiliación religiosa.
Argumentos sobre impacto fiscal y efectos económicos
La demanda también pone la lupa sobre el trámite legislativo que dio origen a la ley. El ciudadano sostiene que la iniciativa habría avanzado sin un análisis previo sobre sus efectos fiscales ni un concepto favorable del Ministerio de Hacienda.
Según el recurso, este aspecto sería relevante debido a que la norma reconoce el derecho al descanso remunerado tanto para trabajadores del sector público como privado, lo que podría generar costos económicos que debieron ser evaluados durante el proceso legislativo.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la actividad empresarial. El demandante considera que la incorporación de una nueva jornada festiva podría representar mayores cargas para las compañías debido al impacto en la productividad y en los costos laborales.
¿Qué sigue en la Corte Constitucional?
Por ahora, la demanda se encuentra en etapa preliminar dentro de la Corte Constitucional. El expediente deberá ser asignado a un magistrado ponente, quien tendrá la tarea de revisar si la acción cumple con los requisitos exigidos por la ley para ser admitida.
En caso de superar esa fase, el proceso continuará con el estudio de fondo que permitirá determinar si la disposición se ajusta o no a la Carta Política.
Mientras no exista una decisión definitiva por parte del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 mantiene plena vigencia. Esto significa que el festivo programado para el próximo 9 de julio continúa haciendo parte del calendario oficial colombiano y se aplicará en las condiciones previstas por la norma, salvo que la Corte adopte una decisión en sentido contrario durante el trámite judicial.