Cartagena enfrenta un debate trascendental sobre su futuro con el líquido esencial. La decisión de la Alcaldía, de crear la Empresa Oficial de Servicios Públicos E.S.P., 100% pública, para sustituir a Aguas de Cartagena (Acuacar) ha encendido las alarmas en los gremios y la ciudadanía.
Tras tres decenios bajo un modelo mixto, liderado estos cuatro últimos años por el socio privado Veolia, las fallas recientes en el suministro y racionamientos han alimentado un malestar legítimo. Sin embargo, en un asunto tan vital como el agua potable y el saneamiento básico, las decisiones emocionales no pueden desplazar al rigor técnico ni a la prudencia institucional.
Por un lado, la postura del Palacio de la Aduana, de concejales y de algunos líderes sociales responde a una narrativa atractiva: recuperar la soberanía hídrica, eliminar el ánimo rentístico privado e intervenir las deudas históricas con la zona rural e insular. La promesa de una empresa moderna, respaldada por la mentoría de EPM y blindada por un gobierno corporativo, busca canalizar la indignación de los usuarios ante el deterioro de la credibilidad del operador actual.
Por otro lado, la defensa del modelo existente, respaldada por gremios como la Andi, el Consejo Gremial y centros de pensamiento como Funcicar, se apoya en datos duros. Acuacar exhibe un Índice Único Sectorial del 94,39% ante la Superservicios y una infraestructura operativa de más de 1.700 kilómetros de redes. Quienes llaman a la cautela recuerdan que el Distrito es dueño del 50% de la compañía; liquidarla o forzar su caducidad implicaría autoflagelar el patrimonio público y abrir un frente de litigios por expropiación indirecta al margen de la Ley 142 de 1994.
El problema de fondo no parece ser la naturaleza jurídica de la empresa, sino la capacidad de fiscalización del Estado local. Si la Alcaldía no ha logrado ejercer un seguimiento técnico riguroso sobre el contrato vigente, ¿qué garantías existen de que pueda gestionar directamente un sistema tan complejo? Arrancar una nueva entidad con un capital inicial de $10.000 millones, que es apenas el 2% de las inversiones por $500 mil millones que exige la expansión de la ciudad, es un salto al vacío fiscal que, además, expone el servicio a la histórica captura burocrática y la politización.
Cartagena no está para experimentos ni para borrar tres décadas de aprendizaje técnico. La ruta más prudente y sensata no es aventurarse a fundar una nueva burocracia pública, sino exigir un ajuste de cuentas y de gestión sobre la estructura existente. Obligar a Acuacar a ejecutar las inversiones pendientes, reestructurar la fiscalización distrital y condicionar el esquema de operación protegerá el patrimonio de los cartageneros, asegurará la continuidad del servicio y garantizará que el agua siga fluyendo sin arriesgar la estabilidad de la ciudad.