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Amarilo explica medidas tras actuación de la SIC en proyecto de vivienda en Villavicencio

La compañía indicó que decidió emitir un comunicado para ofrecer información directa a la opinión pública, luego de que distintas publicaciones en medios de comunicación.

Amarilo explica medidas tras actuación de la SIC en proyecto de vivienda en Villavicencio

Fotografía de referencia de un proyecto de vivienda. // Foto: generada con imagen de Colprensa - logo Amarilo.

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La constructora Amarilo se pronunció sobre la orden administrativa de carácter preventivo y de diagnóstico emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) respecto al Conjunto Alborada, del proyecto Hacienda Rosa Blanca, en Villavicencio.

La empresa aseguró que la actuación corresponde a un requerimiento de información dentro de las funciones de inspección de la autoridad y afirmó que dará cumplimiento al cronograma establecido durante julio y agosto.

La compañía indicó que decidió emitir un comunicado para ofrecer información directa a la opinión pública, luego de que distintas publicaciones en medios de comunicación, según señaló, generaran confusión e interpretaciones equivocadas sobre el alcance de la decisión adoptada por la autoridad.

En su pronunciamiento, Amarilo sostuvo que “dicha orden es una actuación habitual dentro de las funciones de inspección de la autoridad para el sector y corresponde a un requerimiento de información que Amarilo atenderá según el cronograma establecido por la SIC, durante julio y agosto del presente año”. Lea: Cartagena, con una de las variaciones más bajas del IPC en junio de 2026

¿Qué incluye el requerimiento de la SIC sobre el Conjunto Alborada?

La constructora explicó que el requerimiento está concentrado en dos aspectos principales: la entrega de información relacionada con el Conjunto Alborada y la realización de una evaluación técnica para esclarecer la situación reportada. También manifestó que los resultados obtenidos serán compartidos posteriormente con la copropiedad del conjunto residencial.

La empresa precisó que “el requerimiento se enfoca en dos elementos: la entrega de información del Conjunto Alborada y la ejecución de una evaluación técnica para aclarar la situación reportada. Cumpliendo con lo dispuesto en el requerimiento, toda la información resultante será socializada con la copropiedad del Conjunto”.

Amarilo agregó que antes de la expedición de la orden preventiva de la SIC ya había iniciado un proceso de diálogo con representantes de la comunidad. Según la compañía, esas reuniones comenzaron el 7 de mayo de 2026 para atender inquietudes planteadas por residentes. Le puede interesar: Colombia queda entre los países con el costo de vida más alto de la OCDE

De acuerdo con la información entregada por la constructora, en esas mesas técnicas participaron la administración del conjunto, algunos integrantes del consejo de administración y profesionales de la empresa. Además, aseguró que dichos espacios continuarán funcionando mientras avance la revisión técnica.

La empresa reiteró su disposición para atender las inquietudes de la comunidad y de los demás grupos de interés, al tiempo que señaló que busca aclarar las dudas surgidas por informaciones difundidas fuera de sus canales oficiales.

Fotografía de referencia de un proyecto de vivienda. // Foto: generada con imagen de Colprensa - logo Amarilo.
Fotografía de referencia de un proyecto de vivienda. // Foto: generada con imagen de Colprensa - logo Amarilo.

El pronunciamiento de Amarilo se conoce después de que la Superintendencia de Industria y Comercio informara la adopción de medidas dirigidas a proteger los derechos de los consumidores del Conjunto Residencial Alborada Hacienda Rosa Blanca PH, ubicado en Villavicencio, ante presuntas deficiencias en la construcción.

Según la SIC, la decisión fue adoptada tras una averiguación preliminar originada por una denuncia en la que se reportaban posibles daños estructurales y deterioros generalizados en diferentes componentes del conjunto residencial.

La entidad explicó que, para sustentar su actuación, solicitó información técnica a la constructora, revisó planos arquitectónicos y memorias de cálculo del proyecto, evaluó un informe técnico entregado por los denunciantes y realizó una visita de inspección administrativa al conjunto, donde recopiló registros fotográficos y declaraciones de representantes de la copropiedad, propietarios y personal vinculado a la interventoría del proyecto.

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