Lili Pink designó un nuevo equipo de abogados para asumir su defensa en la investigación que adelanta la Fiscalía por presuntos delitos relacionados con contrabando y recepción de recursos de origen ilícito.
La representación jurídica de la empresa quedó en manos de Laura Kamila Toro, Andrés Eduardo Jiménez Camargo y Juan David Bazzani Montoya, quienes asumirán la defensa dentro del proceso que avanza ante las autoridades.
El cambio se produjo después de la designación de Iván Cancino como ministro de Justicia, quien lideraba la defensa de la compañía.
La decisión coincide con el llamado de imputación realizado por la Fiscalía contra propietarios y directivos de Lili Pink, en una investigación que continúa su curso por las presuntas irregularidades detectadas. Lea:
Entre las personas convocadas a responder figuran los empresarios Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. Lea: Alertan presunto plan de fuga masiva en cárcel de Itagüí: Gobierno investiga
Los nuevos abogados se refirieron a la situación de Max Marvin Abadi y David Max Abadi Homsani, indicando que ambos residen fuera de Colombia. Con ello rechazaron las versiones según las cuales habrían salido del país para evitar las investigaciones.
¿Qué hallazgos ha presentado la Fiscalía en la investigación contra Lili Pink?
De acuerdo con los elementos recopilados por el ente investigador, la presunta red de contrabando estaría integrada por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel que habrían participado en operaciones relacionadas con mercancías como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos.
Según la Fiscalía, “Las maniobras estarían orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”.
Las investigaciones también señalan que, hasta el momento, se ha documentado un presunto lavado de activos por 730.000 millones de pesos y un supuesto enriquecimiento ilícito superior a los 430.000 millones de pesos.
El expediente igualmente incluye aprehensiones y decomisos de mercancías efectuados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), cuyo avalúo supera los 54.000 millones de pesos, además de un posible contrabando que excedería los 75.000 millones de pesos.
Dentro de las actuaciones judiciales ya adoptadas por este caso se encuentra la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Walter Francisco Martínez Martínez.
La Fiscalía sostiene que Martínez Martínez habría intervenido en la constitución, administración y representación legal de al menos siete empresas de papel importadoras, presuntamente utilizadas para simular operaciones de comercio exterior y evadir los controles aduaneros.