Este sábado, 25 de julio, el exgobernador de La Guajira, Hernando Deluque, se presentó voluntariamente en el comando de la Policía de Riohacha para cumplir la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia por el delito de peculado por apropiación.
El exmandatario departamental fue sentenciado a siete años de prisión, luego de que el alto tribunal lo hallara responsable de ese delito.
La información fue confirmada por BluRadio, que reveló que Deluque, padre del senador Alfredo Deluque, quien fue apoyado por Abelardo de la Espriella para ser presidente del Senado, acudió voluntariamente ante las autoridades para iniciar el cumplimiento de la sentencia.
Atención: Fue capturado en Riohacha el exgobernador de la Guajira Hernando Deluque, padre del senador Alfredo De Luque por orden de la @CorteSupremaJ tras haber sido condenado por irregularidades en la contratación. pic.twitter.com/K44TjeZYWi
— Nando J Lozano (@hernandolozano) July 25, 2026
Obras innecesarias y fallas en la contratación: las irregularidades por las que condenaron a Hernando Deluque
Deluque había sido sentenciado inicialmente a nueve años y siete meses de prisión, pero luego de revisar el caso, el alto tribunal modificó la pena y la dejó en ocho años y cinco meses.
La investigación reveló que incurrió en irregularidades en varios contratos de infraestructura ejecutados durante su administración en La Guajira. Según estableció la Corte, en esos procesos se presentaron fallas que vulneraron principios esenciales de la contratación pública, como la planeación y la transparencia.
Entre ellas están obras ejecutadas en lugares donde no eran necesarias, plazos reducidos entre la apertura del proceso y la firma de los contratos, entre otras irregularidades.
El más sonado es un contrato de obras para el mejoramiento del acueducto y alcantarillado de Riohacha, suscrito en 2001 durante la administración de Deluque (2001-2003). El convenio, por más de 2.100 millones de pesos, contempló un anticipo superior a 1.059 millones de pesos, pero las obras nunca fueron terminadas.
De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, el contrato se puso en marcha sin contar con licencia ambiental, sin que se hubieran entregado los terrenos para la ejecución de las obras y sin realizar la consulta previa con las comunidades indígenas. Estas irregularidades provocaron la suspensión del proyecto y la pérdida de los recursos públicos invertidos.