La divulgación de una investigación periodística sobre una presunta red de corrupción vinculada con entidades del Gobierno nacional provocó nuevas reacciones políticas. Los hechos señalados habrían ocurrido entre 2024 y 2026 y comprometerían, según el reporte, a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero.
La investigación publicada por Semana sostiene, con base en fuentes bajo reserva, testimonios, documentos, audios, conversaciones y registros de transferencias, que las dos mujeres habrían ofrecido su supuesta capacidad de influencia para intervenir en procesos de contratación estatal a cambio de pagos millonarios.
Entre las entidades mencionadas aparecen los ministerios de Vivienda, Interior, Ambiente e Igualdad, además de otras instituciones estatales. El reporte relaciona los presuntos movimientos con diferentes proyectos y procesos desarrollados durante ese periodo.
Uno de los casos señalados corresponde a una iniciativa para instalar cámaras de seguridad mediante recursos del Ministerio del Interior. La investigación también menciona la construcción de un acueducto en un municipio del Cesar, financiada por el Ministerio de Vivienda, y programas destinados al mejoramiento de viviendas en distintos municipios.
El material recopilado para la investigación incluiría documentos entregados por empresarios y contratistas, así como conversaciones de WhatsApp, registros de llamadas y comprobantes de consignaciones. Según el reporte, estos elementos describirían la manera en que habría operado la estructura señalada.
¿Qué dijeron Petro y otros políticos sobre la investigación?
El presidente Gustavo Petro respondió a la publicación mediante un mensaje en su cuenta de X. En su pronunciamiento planteó que las pruebas mencionadas podrían haber sido entregadas por empresarios inconformes con acuerdos que, según su apreciación, no se habrían cumplido.
“Las pruebas que aquí se indican, reflejan, que los llamados ‘empresarios’ se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats porque no les cumplieron”, afirmó el mandatario.
Petro también cuestionó la posibilidad de que empresarios hubieran entregado dinero bajo la expectativa de ejercer presión sobre integrantes del Gobierno. “Si es verdad, dieron dineros pensando que los ministros o yo mismo actuamos por presiones de mujeres o por codicia”, manifestó.
Al referirse a los elementos mencionados en la investigación, el presidente pidió que la revista entregue las conversaciones a las autoridades. “La revista haría un gran favor entregando esos chats a la Fiscalía”, señaló.
El senador Iván Cepeda también se pronunció sobre los señalamientos y recordó la posición que, según dijo, mantuvo durante su campaña presidencial frente a la corrupción. El congresista afirmó que “no existe ni puede existir tolerancia alguna ante estas conductas”.
Cepeda sostuvo que cualquier indicio relacionado con posibles actos de corrupción debe ser sometido a investigación independiente, con transparencia y bajo el rigor de la ley. También insistió en que la lucha contra este fenómeno debe aplicarse sin importar quiénes estén involucrados.
El senador planteó además la necesidad de establecer un “verdadero Sistema Nacional Anticorrupción” que permita coordinar a las instituciones estatales y a la ciudadanía en una estrategia permanente, eficaz e implacable contra la corrupción.
En ese mismo sentido, Cepeda pidió que cualquier actuación que pueda comprometer a funcionarios públicos o a personas cercanas al Gobierno sea revisada por las autoridades competentes y sometida a las investigaciones correspondientes.
El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, calificó como delicadas las pruebas divulgadas contra las hermanas Guerrero y consideró necesario establecer qué posibles delitos podrían configurarse a partir de los hechos expuestos.
Carrillo expresó además preocupación por las referencias al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, al que describió como el “multimillonario fondo del MinInterior”. Su pronunciamiento estuvo centrado en la necesidad de que las autoridades investiguen los hechos mencionados.
La representante electa a la Cámara por Bogotá Laura Daniela Beltrán, conocida como ‘Lalis’, también reaccionó públicamente. En X calificó de “indefendible” lo relacionado con Juliana Guerrero y pidió a la Fiscalía investigar a fondo a las dos mujeres.
Beltrán manifestó además su rechazo a que los señalamientos afecten a un proyecto político que, según expresó, ha defendido y construido durante años. Afirmó que esa ambición “jamás representará el progresismo” y cerró su mensaje con la expresión: “Qué asco me dan”.
Por otra parte, Gustavo Bolívar insistió en que la izquierda del país no puede minimizar este escándalo y que deben adelantarse todas las actuaciones judiciales para que les caiga todo el peso de la ley.
“No le podemos quitar la gravedad a la denuncia contra las hermanas Guerrero. Es mucho el daño que le hacen al Pacto Histórico y a quienes actuamos honestamente para cambiar este país“, indicó.
En esa misma línea, la exsenadora María José Pizarro también rechazó el actuar de Juliana Guerrero tras un nuevo escándalo en el que está inmerso la joven.
“El escándalo de las hermanas Guerrero es repudiable. Es la radiografía perfecta del sistema clientelar que pudre la política y el Estado colombiano. Políticos, intermediarios con poder, empresarios cómplices, mientras los más vulnerables quedan como rehenes de su ambición. La Fiscalía debe investigar a profundidad y sin dilaciones“, agregó Pizarro.