El Gobierno entrante de Abelardo De la Espriella aseguró que los informes finales entregados por la Contraloría General de la República durante el proceso de empalme evidencian un panorama de alta presión sobre las finanzas públicas.
La advertencia fue presentada luego de 62 mesas de trabajo en las que participaron 17 contralores delegados, ministros y líderes sectoriales.
¿Cuáles fueron las principales alertas detectadas por la Contraloría en el empalme?
En un comunicado, el equipo de transición afirmó que el principal riesgo identificado corresponde al presupuesto de 2027, que, según el diagnóstico recibido, tendría un faltante cercano a los 30 billones de pesos debido a la inclusión de ingresos con baja probabilidad de recaudo, mientras continúan aumentando las obligaciones derivadas del servicio de la deuda.
Al finalizar las reuniones, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, manifestó que la información recopilada permitió profundizar las inquietudes que ya existían sobre las condiciones en las que el nuevo Gobierno asumirá la administración del Estado. También indicó que la presión fiscal para 2027 se aproxima a los 30 billones de pesos, en un contexto de mayores gastos por deuda y recursos de inversión que permanecen sin crecimiento. Lea: Empalme de De la Espriella insiste en presuntas irregularidades de Colombia Solar
Restrepo explicó que parte de los ingresos contemplados en el presupuesto podrían no concretarse, de acuerdo con los análisis expuestos durante las mesas de trabajo. Por esa razón, sostuvo que será necesario revisar las finanzas públicas y afirmó: “Hay una enorme necesidad de un ajuste en materia de gasto público”.
El informe conocido por el Gobierno entrante también señala obligaciones pendientes en el sector energético que superan los 5,6 billones de pesos. De ese monto, cerca de 2,9 billones corresponden a Air-e y, según el diagnóstico presentado, para 2027 solo estaría asegurado el 25 % de los recursos requeridos para atender esos compromisos.
Sobre este punto, Restrepo indicó que durante 2026 únicamente se habría cubierto una cuarta parte de las obligaciones previstas para subsidios de energía y gas. El vicepresidente electo aseguró que el nuevo Gobierno deberá realizar un importante esfuerzo fiscal para responder a esos pagos y responsabilizó al Gobierno saliente por la situación encontrada. Le puede interesar: De la Espriella defiende posesión en Cali con fuerte mensaje al país
Los informes también incluyen observaciones sobre la infraestructura de transporte. De acuerdo con los datos expuestos, el sector ejecutó el 43 % de su presupuesto durante 2025 y, con corte a julio de 2026, la ejecución no superaba el 13 %. Además, se reportaron procesos arbitrales contra la Agencia Nacional de Infraestructura con pretensiones superiores a los 14 billones de pesos y más del 55 % de la red vial nacional en estado regular o malo.
En materia de obras públicas, Restrepo aseguró que existen proyectos inconclusos cuyo rescate demandaría aproximadamente 54 billones de pesos. Agregó que otras iniciativas tendrían un valor cercano a los 214.000 millones de pesos y serían consideradas irrecuperables, según la información revisada durante el proceso de empalme.
Las alertas también alcanzan a los programas sociales. El diagnóstico advierte un déficit cercano a los 3,2 billones de pesos para el programa Adulto Mayor, situación que pondría en riesgo los pagos destinados a cerca de tres millones de beneficiarios entre agosto y diciembre de 2026.
En la atención a la primera infancia, la Contraloría identificó contratos para servicios pedagógicos suscritos con entidades que no tendrían relación con la educación inicial. Entre ellas fueron mencionadas asociaciones campesinas, pesqueras y plataneras.
Respecto a la política de reforma agraria, el informe indica que unas 45.500 familias campesinas recibieron predios sin títulos formalizados. Además, el cumplimiento de la meta de entrega de tierras alcanzaría alrededor del 18 %, ya que de las 1.500.000 hectáreas previstas solo se habían entregado 282.975.
El Gobierno entrante señaló que los resultados de las mesas de trabajo con la Contraloría servirán como base para evaluar el estado de las finanzas públicas, los programas sociales y los principales proyectos de infraestructura antes del inicio de la nueva administración.