Bajo esa premisa, el presidente Abelardo de la Espriella ha endurecido su discurso frente a la corrupción. En diferentes intervenciones ha sostenido que, cuando se roban los recursos públicos, “no desaparece solo el dinero. Desaparecen hospitales, vías, colegios, medicamentos, oportunidades y confianza”. Asimismo, ha calificado la corrupción como “un acto de traición a la patria”, al considerar que destruye la confianza en las instituciones, debilita la legitimidad del Estado y desvía recursos que deberían destinarse a infraestructura y servicios para la población.
De acuerdo con el mandatario, en Colombia se perderían cerca de $50 billones al año por hechos de corrupción. Con base en ese diagnóstico, sostiene que la lucha contra este fenómeno no puede limitarse a acciones simbólicas, sino que debe traducirse en mecanismos que permitan prevenir el desvío de recursos públicos, fortalecer la capacidad de investigación del Estado y garantizar sanciones efectivas contra quienes participen en estas redes.
A través de una propuesta denominada “Ruta de Restauración”, el mandatario presentó un paquete de medidas orientadas a fortalecer la investigación, la transparencia en la contratación pública y la recuperación de recursos obtenidos de manera ilícita.
La iniciativa parte de la creación de un Bloque de Búsqueda contra la Corrupción, que estaría bajo dirección presidencial y reuniría capacidades de inteligencia financiera, Policía Judicial, análisis patrimonial, seguimiento contractual, trazabilidad presupuestal y cooperación entre distintas entidades del Estado.
Según la propuesta, el objetivo es investigar las estructuras detrás de los hechos de corrupción y no únicamente a funcionarios individuales. Para ello, plantea el cruce de información financiera y patrimonial, el seguimiento de los recursos públicos desde su apropiación hasta su ejecución y una coordinación permanente entre organismos de control y justicia.
Las siete decisiones de Abelardo de la Espriella para combatir la corrupción
La estrategia se desarrolla en siete acciones principales:
La primera consiste en la creación del Bloque de Búsqueda Anticorrupción, encargado de perseguir redes de corrupción mediante inteligencia financiera y coordinación institucional.
La segunda propone una extinción de dominio exprés, con el propósito de recuperar recursos públicos y desmontar patrimonios obtenidos mediante actos de corrupción.
Como tercera medida se plantea un modelo de Gobierno Vitrina, una plataforma pública donde los ciudadanos puedan consultar información sobre recursos regionales, montos asignados, ejecutores y resultados de los proyectos financiados con recursos públicos.
En cuarto lugar, la propuesta contempla un nuevo Estatuto de Contratación, orientado a disminuir la contratación directa, aumentar la competencia entre oferentes y reducir los espacios de opacidad.
La quinta medida busca fortalecer el SECOP mediante sistemas de alertas tempranas y analítica de datos para identificar posibles colusiones, prórrogas inusuales, adiciones contractuales y conflictos de interés antes de que se materialicen.
El sexto eje plantea regular el cabildeo, de manera que las gestiones realizadas por actores políticos queden registradas públicamente y exista trazabilidad sobre las decisiones relacionadas con la asignación de recursos.
Finalmente, la propuesta incorpora la responsabilidad penal empresarial, con sanciones dirigidas a personas jurídicas que financien, faciliten o se beneficien de estructuras de corrupción.
Transparencia y control ciudadano
El plan también incluye mecanismos para fortalecer la supervisión ciudadana sobre el gasto público. Entre ellos se encuentran registros públicos de gestiones políticas, trazabilidad de los recursos, publicación de resultados de ejecución y acceso a información sobre los beneficiarios finales de los contratos.
La propuesta además plantea incorporar herramientas tecnológicas para el análisis de riesgos, datos abiertos, registros inmutables, alertas tempranas y formación de jóvenes en ética pública como parte de una estrategia de prevención de la corrupción.
De acuerdo con el documento, el propósito es fortalecer los mecanismos de investigación, mejorar la transparencia en la contratación estatal y facilitar el seguimiento ciudadano sobre el uso de los recursos públicos.