La primera gran decisión del gobierno de Abelardo De La Espriella en materia penitenciaria ya tiene efectos concretos: 103 internos de la cárcel de Itagüí, en Antioquia, fueron trasladados a diferentes centros de reclusión del país, entre ellos varios cabecillas de organizaciones criminales que habían participado en la mesa de paz urbana impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro.
La operación se ejecutó durante la madrugada del 7 de agosto, pocas horas después de que la nueva administración impartiera la orden. De acuerdo con información conocida por EL TIEMPO, la medida buscaba cortar de manera inmediata los canales de diálogo que estos internos mantenían con el Gobierno saliente.
¿Por qué trasladaron a los presos de la cárcel de Itagüí?
La decisión fue adoptada durante una reunión de alto nivel del nuevo Gobierno Nacional realizada el 6 de agosto y, según conoció EL TIEMPO, estuvo directamente relacionada con la intención de interrumpir los contactos entre las estructuras criminales del Valle de Aburrá y la anterior administración.
Entre los trasladados se encuentran integrantes de alto nivel de los grupos delincuenciales organizados (GDO) del Valle de Aburrá, algunos de los cuales habían ejercido como voceros durante los últimos tres años en la mesa de paz urbana, escenario de diálogo sociojurídico entre el Gobierno Petro y organizaciones criminales de alto impacto.
La magnitud de la operación comenzó a conocerse públicamente cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó durante la tarde del 7 de agosto que 103 personas privadas de la libertad habían sido trasladadas.
Los internos fueron distribuidos en establecimientos penitenciarios de Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada y El Barne.
¿Quiénes fueron trasladados de la cárcel de Itagüí?
Entre los reclusos trasladados se encuentran algunos de los principales cabecillas históricos de las estructuras criminales del Valle de Aburrá.
EL TIEMPO estableció que Freyner Alfonzo Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’, y José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, fueron llevados hasta el aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín.
Desde allí abordaron un avión dispuesto por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con destino a Bogotá, donde fueron recluidos en la cárcel La Picota.
Según la información conocida por este medio, su permanencia en ese establecimiento sería inicialmente temporal, mientras el Gobierno Nacional define sus próximos destinos penitenciarios.
Así fue el operativo de traslado en Itagüí
El procedimiento comenzó aproximadamente a las 5:00 de la mañana del viernes 7 de agosto, cuando un grupo especializado del Inpec llegó hasta la cárcel de máxima y mediana seguridad de Itagüí, conocida como ‘La Paz’, acompañado por un amplio dispositivo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
La operación se desarrolló bajo reserva y tomó por sorpresa tanto a los internos como a parte del personal del establecimiento. De acuerdo con EL TIEMPO, los directivos de la prisión no habrían recibido información con suficiente antelación para preparar la logística del traslado.
Durante más de cinco horas se desplegaron los procedimientos de seguridad y transporte. Cerca de las 10:00 de la mañana, los vehículos comenzaron a abandonar el centro penitenciario con los internos que habían sido asignados a otras cárceles.
Mientras algunos fueron enviados a establecimientos penitenciarios del departamento, los internos considerados de mayor relevancia fueron conducidos hasta el aeropuerto Olaya Herrera para continuar el traslado por vía aérea.
¿Qué pasará con los presos trasladados?
Desde el 8 de agosto, los 103 internos ya se encuentran en los centros de reclusión que les fueron asignados. Sin embargo, no todos permanecerían allí de manera definitiva.
Según conoció EL TIEMPO, el Gobierno de De La Espriella adelanta un análisis para determinar cuáles son los establecimientos más adecuados para que los reclusos cumplan sus condenas.
La medida tiene, por ahora, un doble propósito: interrumpir los canales de comunicación entre los cabecillas y el Gobierno saliente y establecer nuevas condiciones de reclusión para los integrantes de estas estructuras criminales.