El Gobierno Nacional presentó este martes 18 de agosto ante el Senado de la República el proyecto de Ley de Competitividad, una iniciativa liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que busca disminuir los trámites y las cargas administrativas para ciudadanos y empresas.
La propuesta tiene entre sus principales objetivos reducir tiempos y costos asociados al cumplimiento de obligaciones y facilitar la relación entre el sector productivo y las entidades estatales.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, defendió la iniciativa y aseguró que el Estado debe facilitar las actividades económicas.
“Como ministro de Comercio, Industria y Turismo, tengo claro que el Estado debe ser un aliado y no un obstáculo”, señaló Gómez Amín. Lea: El cartagenero Gustavo Raad es designado secretario general del Ministerio de Comercio
El proyecto contempla cambios en diferentes áreas, entre ellas el comercio exterior, la creación y funcionamiento de empresas, los trámites sanitarios, el licenciamiento urbanístico y los procesos notariales, registrales y catastrales.
Ley de Competitividad apuesta por más trámites digitales
Uno de los componentes centrales de la iniciativa es la digitalización de los procedimientos administrativos. El proyecto establece que, como regla general, las actuaciones puedan adelantarse mediante medios electrónicos.
También incorpora el principio de “una sola vez”, con el propósito de que las entidades públicas no vuelvan a solicitar documentos o información que ya reposen en poder del Estado y puedan ser consultados mediante mecanismos de interoperabilidad.
Llegando al Senado de la República para radicar el Proyecto de Ley de Competitividad, una iniciativa del Gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA para destrabar la creación de empresas, reducir la burocracia y simplificar la vida de quienes producen, invierten y generan empleo en… pic.twitter.com/Vn4z7vvy0l
— Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) August 18, 2026
La propuesta plantea además que formularios, plataformas, manuales e instructivos no puedan convertirse en mecanismos para imponer requisitos adicionales que no tengan respaldo en una norma.
Otro de los puntos está relacionado con la Ventanilla Única Empresarial. El Gobierno propone fortalecer esta herramienta y avanzar en la creación de un Expediente Único Empresarial Digital.
Con este sistema se busca que la información y los documentos entregados previamente por los empresarios puedan reutilizarse, evitando solicitudes repetidas de certificados o copias cuando las entidades tengan acceso a las fuentes oficiales.
El proyecto también establece que las dificultades de interoperabilidad tecnológica de una entidad no deberían utilizarse para retrasar la apertura o el funcionamiento de un establecimiento cuando el empresario haya cumplido con las exigencias establecidas legalmente.
Mipymes serían uno de los principales beneficiarios
La iniciativa está dirigida especialmente a reducir las cargas que enfrentan los micro, pequeños y medianos empresarios en sus relaciones con el Estado.
El proyecto también propone aplicar determinados controles de acuerdo con el nivel de riesgo de cada actividad. Esto no implicaría eliminar las facultades de inspección, vigilancia y control de las autoridades.
En el ámbito sanitario, por ejemplo, se plantea un modelo de administración de riesgos que permita establecer diferentes niveles de control dependiendo de las características de los productos o actividades.
De esta manera, el Gobierno busca que la simplificación se concentre en trámites repetidos y cargas administrativas que no sean necesarias, sin eliminar los controles que cumplen una función de vigilancia.