El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, defendió este lunes el bombardeo militar realizado en el municipio de El Retorno, Guaviare, en el que murieron diez integrantes de las disidencias de las FARC, entre ellos tres menores de edad identificados por Medicina Legal.
La operación fue ejecutada el pasado 27 de agosto por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional contra tres zonas campamentarias ubicadas en cercanías del río Inírida. El objetivo era afectar al bloque Jorge Suárez Briceño, una estructura disidente de las antiguas FARC, cuyo mando estaría en manos de Juan Agudelo Salazar, alias ‘Urías Perdomo’.
Según el Ministerio de Defensa, durante el operativo fueron “neutralizados” diez integrantes de la organización. Sin embargo, las primeras informaciones indican que alias ‘Urías Perdomo’, contra quien estaba dirigida la operación, no murió en el bombardeo.
Medicina Legal confirmó la muerte de tres menores
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que tres de los cuerpos identificados corresponden a menores de edad.
“Nueve de los diez cuerpos fueron identificados y uno continúa en abordaje forense debido al estado en el que se encuentra. De los nueve cuerpos identificados cuatro son femeninos; cinco, masculinos y tres, menores de edad”, informó la entidad.
La confirmación abrió nuevamente el debate sobre el uso de bombardeos contra estructuras armadas cuando en los campamentos se encuentran niños, niñas y adolescentes, especialmente en un contexto marcado por el reclutamiento de menores por parte de grupos armados.
Gobierno defiende la legalidad de la operación
Ante los cuestionamientos, el ministro de Defensa aseguró que el operativo cumplió con los procedimientos establecidos para este tipo de acciones militares.
“El Ministerio de Defensa defiende que la operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución”, señaló Mora.
El funcionario agregó que en el lugar también se realizaron los actos urgentes establecidos por la ley después de la operación.
El presidente Abelardo de la Espriella respaldó la actuación del ministro y de las Fuerzas Militares. El mandatario sostuvo que los grupos armados que reclutan menores y los utilizan como combatientes o escudos humanos deben responder por esas acciones.
Bombardeos y menores: las cifras de Medicina Legal
La muerte de los tres menores en Guaviare se suma a la de otro menor de 18 años identificado por Medicina Legal tras una operación militar realizada previamente en el sur del país.
Las cifras de la entidad muestran que entre 2018 y 2022, durante el Gobierno de Iván Duque, 367 personas murieron en bombardeos militares, entre ellas 42 menores de edad.
Durante la administración de Gustavo Petro, entre 2022 y el 31 de mayo de 2026, Medicina Legal contabilizó 458 personas fallecidas en operaciones de este tipo, incluidos 62 menores.
El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes continúa siendo uno de los principales riesgos para las comunidades ubicadas en zonas bajo influencia de grupos armados. Human Rights Watch había instado recientemente al Gobierno de De la Espriella a adoptar medidas frente al incremento de este fenómeno y estimó que alrededor de 1.500 menores han sido afectados por el reclutamiento desde 2021.