El presidente, Abelardo de la Espriella lanzó una ofensiva contra las empresas de seguridad privada que sirven de “fachada al crimen”.
Según el mandatario, la primera instrucción dada al recién posesionado superintendente de Seguridad Privada, Wilson Caballero, es iniciar una ofensiva de investigaciones y acciones concretas en contra de estas compañías que estarían utilizando los delincuentes para armarse y protegerse.
“La Supervigilancia avanza contra empresas investigadas por conexiones con Los Costeños, el Clan Vega Daza e irregularidades en el control de armas”, afirmó.
¡La seguridad privada no puede servir de fachada al crimen!
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 1, 2026
Tan pronto se posesionó el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, le di una orden clara: perseguir las fachadas que utilizan los delincuentes para armarse y protegerse.
La Supervigilancia avanza contra…
El presidente puso varios ejemplos de empresas fachada de seguridad privada como lo es “Maximus que tiene la licencia cancelada. Para Blink, Lost Prevention y Atenas se han adoptado decisiones de cancelación pendientes de quedar en firme. OL Security Group–Servisecurity permanece suspendida y su cancelación está en trámite”.
En ese sentido, la orden dada al Superintendente de Seguridad Privada y las entidades responsables es exigir controles rigurosos, ya que muchas de estas compañías también estarían siendo utilizadas como fachadas para traficar con armas.
“Exijo controles rigurosos y esclarecer el destino de las armas faltantes! Quien tenga responsabilidades deberá responder ante la justicia, sea quien sea”, reclamó.
En su mensaje, advirtió que desde su liderazgo, el Gobierno irá “departamento por departamento, rincón por rincón de la patria, acabando con las fachadas de los delincuentes”.
Un informe revelado por la Superintendencia de vigilancia en abril de este año dio a conocer su preocupación por el paradero de casi 400 armas de fuego que se habrían desaparecido, tras estar bajo custodia de empresas de seguridad.
En su momento suspendió la licencia a las empresas Águila de Oro, Laucris Security y Helam ante el reporte que detectó la desaparición de 393 armas de fuego. Todas tenían en común que compartían un mismo coordinador de archivos, mediante un acuerdo de colaboración empresarial: Elkin David Polanco Pérez, quien tendría acceso directo al armamento.
Aun así, el paradero de las armas nunca fue esclarecido, pese a que se inició una actuación penal en la Fiscalía ante el riesgo de seguridad que estos hallazgos pusieron en evidencia.
