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Estatuto Antiterrorista enfrenta críticas y respaldo en el Congreso de la República

La iniciativa ha generado pronunciamientos tanto de congresistas que respaldan la creación de nuevas herramientas jurídicas contra el terrorismo como de representantes de la oposición que cuestionan algunos de los planteamientos incluidos en el borrador.

Estatuto Antiterrorista enfrenta críticas y respaldo en el Congreso de la República

El Congreso de la República reacciona a la propuesta de cambios en el estatuto antiterrorista del Gobierno de Abelardo de la Espriella. // Fotos: Colprensa y AP.

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El proyecto de Estatuto Antiterrorista que prepara el Gobierno todavía no ha sido radicado ante el Congreso de la República, pero ya abrió una discusión entre sectores políticos con posiciones encontradas sobre su alcance y contenido.

La iniciativa ha generado pronunciamientos tanto de congresistas que respaldan la creación de nuevas herramientas jurídicas contra el terrorismo como de representantes de la oposición que cuestionan algunos de los planteamientos incluidos en el borrador.

Uno de los primeros cuestionamientos provino del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien calificó el documento como “un compendio de decisiones y preceptos que sustituyen el Estado de derecho en Colombia y entronizan un régimen abiertamente dictatorial”.

La senadora Isabel Zuleta, también integrante del Pacto Histórico, manifestó reparos frente a la relación que, según su lectura, tendría la propuesta con Estados Unidos y advirtió sobre sus posibles efectos en materia de soberanía nacional.

Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior. // Foto: Archivo - Colprensa - Diego Pineda.
Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior. // Foto: Archivo - Colprensa - Diego Pineda.

¿Qué cuestionan los sectores de izquierda sobre el Estatuto Antiterrorista?

Zuleta sostuvo que “el Estatuto Antiterrorista es para congraciase e intentar imitar a Estados Unidos”. También afirmó que el proyecto podría facilitar una intervención estadounidense en territorio colombiano al establecer, según su interpretación, que las personas u organizaciones declaradas terroristas por ese país serían reconocidas automáticamente bajo esa condición en Colombia.

La congresista agregó que los criterios para incorporar personas u organizaciones a esas listas podrían ser subjetivos y sostuvo que, a su juicio, la propuesta podría utilizarse contra sectores de oposición y personas críticas del Gobierno. También cuestionó el incremento de las penas contemplado en el borrador.

Desde otra orilla política, el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid expresó respaldo a la iniciativa y aseguró que desde la Comisión Primera están preparados para tramitarla. “Colombia no puede seguir de rodillas frente a quienes amenazan, asesinan y aterrorizan a los ciudadanos”, afirmó.

En la Cámara de Representantes, el congresista Daniel Briceño también manifestó disposición para discutir el proyecto. El representante señaló que, como integrante de la Comisión Primera, está preparado para recibir la propuesta anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro Rodrigo Lara.

¿Qué propone el Estatuto Antiterrorista según sus defensores?

El representante de Cambio Radical Julio César Triana sostuvo que Colombia requiere mayores herramientas para enfrentar a las organizaciones terroristas. Según explicó, la iniciativa busca actuar no solo contra quienes cometan directamente actos terroristas, sino también contra quienes financien, organicen o sostengan esas estructuras.

Triana consideró necesario establecer un marco jurídico que permita fortalecer la capacidad estatal para desarticular este tipo de organizaciones y cerrar, según su planteamiento, vacíos existentes en la legislación.

También surgieron reparos desde el Senado. El segundo vicepresidente de esa corporación, Alejandro Ocampo, afirmó que el borrador mezcla la calificación realizada por el Ejecutivo con conceptos relacionados con el derecho internacional humanitario. A su juicio, Colombia ya cuenta con herramientas como la extinción de dominio y diferentes tipos penales, pero debe preservar el debido proceso.

Desde el ámbito académico y jurídico, el exministro de Justicia Wilson Ruiz planteó una posición centrada en la necesidad de combinar herramientas eficaces contra el terrorismo y el crimen organizado con garantías jurídicas. “Firmeza contra los criminales, seguridad jurídica para la Fuerza Pública y ninguna puerta abierta a la impunidad”, afirmó.

La discusión continuará cuando el proyecto sea presentado formalmente ante el Congreso, donde las distintas posiciones ya anticipan un debate alrededor de las facultades del Estado, el debido proceso, la lucha contra las organizaciones terroristas y el alcance de las medidas contempladas en el borrador.

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