El sistema de pensiones colombiano podría enfrentar una nueva discusión legislativa con la llegada al Congreso de una iniciativa del Centro Democrático que busca modificar varias disposiciones de la reforma impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. La propuesta, conocida como contrarreforma pensional, pretende cambiar las condiciones para elegir administradores de los ahorros, trasladarse entre regímenes y recuperar los recursos cuando no se cumplen los requisitos para pensionarse.
De acuerdo con la FM en una de sus publicaciones, la iniciativa sería radicada en las próximas horas y tiene como principales promotores a la senadora Claudia Margarita Zuleta, junto con los senadores Andrés Forero y Zandra Bernal.
El proyecto abre la posibilidad de revisar disposiciones de la reforma pensional que ya recibió el aval de la Corte Constitucional, un asunto que podría generar nuevos desacuerdos entre los sectores políticos que respaldaron el modelo vigente y quienes buscan introducir modificaciones.
Uno de los cambios centrales está relacionado con la distribución de las cotizaciones entre Colpensiones y los fondos privados. Mientras el esquema promovido por el Gobierno establece la obligatoriedad de dirigir a Colpensiones los aportes correspondientes hasta el umbral de 2,3 salarios mínimos, la nueva propuesta plantea que los afiliados puedan escoger quién administra esos recursos dentro del rango contemplado.
¿Qué cambiaría con la contrarreforma pensional del Centro Democrático?
La iniciativa propone que los trabajadores tengan la posibilidad de decidir entre un administrador público y uno privado para sus cotizaciones comprendidas entre uno y 2,3 salarios mínimos. De esta manera, se eliminaría la obligación de enviar esos aportes a Colpensiones y se permitiría que cada persona seleccione la alternativa que prefiera para gestionar su ahorro pensional.
El proyecto también contempla nuevas condiciones para cambiar de régimen. Según el texto divulgado por LA FM, los afiliados podrían trasladarse entre Colpensiones y un fondo privado cada cinco años, sin restricciones de edad y con doble asesoría obligatoria. Para los cambios entre fondos privados, el periodo propuesto sería de seis meses. Además, quienes actualmente se encuentran en Colpensiones y no pertenecen al régimen de transición tendrían la posibilidad de elegir libremente.
Otra disposición establece un plazo de seis meses para que las personas que cotizan por encima de 2,3 salarios mínimos seleccionen el fondo que administrará el excedente de sus aportes. Si el afiliado no toma una decisión durante ese periodo, el proyecto contempla que la asignación del administrador se realice de manera aleatoria.
¿Cómo se podrían recuperar los ahorros si no se cumplen los requisitos de pensión?
La devolución de los recursos acumulados constituye otro de los puntos que la propuesta pretende modificar. El proyecto plantea que las personas que no logren cumplir las condiciones necesarias para obtener una pensión puedan solicitar la devolución de la totalidad de sus ahorros, tanto en el régimen público como en el privado.
La diferencia se presenta frente a la alternativa prevista en la reforma del Gobierno para quienes hayan cotizado más de 300 semanas sin reunir los requisitos para pensionarse. De acuerdo con la información suministrada, ese esquema contempla una mensualidad vitalicia que podría ser inferior a un salario mínimo, en lugar de permitir el retiro de todos los recursos acumulados.
Frente a ese escenario, la contrarreforma plantea que el ciudadano pueda escoger entre recibir la totalidad del ahorro con sus rendimientos, acceder a una indemnización sustitutiva o recibir una mensualidad vitalicia. El texto contempla expresamente la opción de recuperar los recursos ahorrados “con rendimientos, indemnización sustitutiva o mensualidad vitalicia”, para que el afiliado pueda optar por una de esas alternativas cuando no reúna las condiciones de jubilación.
La iniciativa también incorpora disposiciones relacionadas con la protección de los recursos destinados al pago de las pensiones. Entre ellas, propone que el Estado colombiano actúe como garante de todas las pensiones y supervise, mediante estudios actuariales, que el fondo de pensión mínima conserve los recursos necesarios para cumplir sus obligaciones. El propósito de estas medidas, según el contenido del proyecto, es evitar que esos recursos se agoten.
Por último, el articulado establece que las cuentas de los afiliados constituyan un patrimonio autónomo, separado de los bienes de las entidades encargadas de administrarlas. Asimismo, plantea que los fondos inviertan el dinero con el objetivo de obtener la mejor mesada pensional posible y reduzcan progresivamente el riesgo de las inversiones a medida que cada persona se acerque a la edad de jubilación.
