Durante el gobierno de Gustavo Petro, Deyci Jiménez, la mujer que denuncia al expresidente de entregar contratos a cambio de favores sexuales, suscribió cinco contratos con entidades estatales por un valor cercano a los 100 millones de pesos.
La contratación cobró relevancia pública después de que la mujer hiciera señalamientos relacionados con el entonces mandatario y la presunta entrega de acuerdos laborales a cambio de encuentros íntimos.
Jiménez afirmó que habría recibido contratos bajo esas condiciones, una acusación que, según la información suministrada, ella misma niega. El caso ha puesto atención sobre los vínculos contractuales que mantuvo con organismos públicos y las circunstancias en las que se habrían celebrado esos acuerdos.
La revisión de los documentos deberá permitir establecer las características de cada contratación, las funciones asignadas y si existen elementos que ameriten una investigación por posibles irregularidades. Sin embargo, la existencia de estos contratos no constituye, por sí sola, una prueba de que se hubieran concedido a cambio de favores sexuales. Lea: UNP otorgará protección a mujer que denunció a Petro por presunto intercambio sexual
¿Cuáles fueron los contratos de Deicy Jiménez con el Estado?
Uno de los organismos con los que contrató fue el Senado de la República. Allí figuran dos acuerdos: uno por siete millones de pesos para prestar apoyo en labores de archivo institucional y otro cuyo valor se aproxima a los 34 millones de pesos, relacionado con actividades de apoyo a la Primera Vicepresidencia de esa corporación.
Esta última dependencia estaba a cargo de la senadora María José Pizarro. La información disponible vincula el contrato con tareas de apoyo a esa instancia legislativa, aunque no aporta detalles adicionales sobre las condiciones específicas de ejecución ni sobre los resultados del servicio prestado. Lea también: Fiscalía abre investigación por denuncias sobre contratos y favores sexuales a Petro
Otro de los acuerdos fue celebrado con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por 18 millones de pesos. El objeto contractual estaba relacionado con la organización documental y las labores de archivo, actividades que quedaron registradas dentro de los servicios prestados a la entidad
La lista también incluye dos contratos con el Ministerio del Interior, relacionados con iniciativas de seguridad y convivencia ciudadana. Uno de ellos tuvo un valor de $11.151.338 y contemplaba apoyo a proyectos financiados a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, conocido como Fonsecon.
El segundo contrato con esa cartera se aproximó a los 30 millones de pesos. Su finalidad estaba asociada al acompañamiento y seguimiento de proyectos de seguridad y convivencia ciudadana, de acuerdo con la información entregada sobre los acuerdos suscritos.
Los cinco contratos suman cerca de 100 millones de pesos, de acuerdo con los valores reportados. Las cifras incluyen dos acuerdos con el Senado, uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y dos con el Ministerio del Interior.
La Fiscalía deberá determinar si en la celebración o ejecución de estos contratos se presentaron anomalías y si existe algún vínculo verificable entre la contratación estatal y los señalamientos relacionados con Gustavo Petro. Para ello, será necesario examinar los documentos y los demás elementos que puedan resultar relevantes dentro de las actuaciones correspondientes.
Por ahora, la información disponible permite identificar las entidades involucradas, los montos aproximados y las actividades para las que fue contratada Jiménez. No obstante, estos registros no demuestran que los acuerdos hayan sido otorgados bajo las condiciones mencionadas en las acusaciones, por lo que esa posible relación deberá ser establecida mediante pruebas.
