La defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que dé prioridad a la investigación penal contra el expresidente Gustavo Petro, relacionada con las denuncias de Deicy Jiménez sobre una presunta asignación de contratos estatales a cambio de favores sexuales.
En una carta dirigida a la Sala de Instrucción del alto tribunal y fechada el 27 de octubre, Marín pidió acelerar las actuaciones ante la gravedad de los hechos denunciados.
“Ante la gravedad de los hechos denunciados, la investigación no da margen de espera, por lo que le pido respetuosamente que disponga la priorización inmediata de la investigación penal”, señaló la defensora.
Defensora del Pueblo pide garantías para la investigación
En la comunicación, Iris Marín también solicitó que el proceso avance con “absoluta autonomía e independencia procesal”, con respeto por el debido proceso y con el propósito de esclarecer oportunamente lo ocurrido.
Además, pidió adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección integral de la denunciante y de los testigos que puedan participar en las diligencias.
Por su parte, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema citó a Deicy Jiménez a declarar el jueves 29 de octubre, a las 8:30 a. m. La diligencia forma parte del expediente asignado al magistrado Javier Fernando Fonseca.
¿Qué ha denunciado Deicy Jiménez?
Jiménez ha sostenido que su ingreso a la Unidad de Trabajo Legislativo de la entonces senadora María José Pizarro se produjo por recomendación de Gustavo Petro, con quien, según su versión, mantenía una relación sentimental.
También afirmó que recibió un contrato por 34 millones de pesos para apoyar las labores de la Primera Vicepresidencia del Senado, que en ese momento estaba a cargo de Pizarro.
De acuerdo con su relato, durante cinco años tuvo contratos con distintas entidades estatales, entre ellas el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
La denunciante también ha señalado que otras mujeres habrían recibido contratos u oportunidades laborales a cambio de encuentros sexuales con el exmandatario.
Las afirmaciones hacen parte de las denuncias que deberán ser examinadas por las autoridades judiciales. La investigación deberá establecer los hechos y determinar si existe responsabilidad penal.
